La Consejería de Presidencia fomenta el empleo público de …
El Gobierno de Canarias ha incorporado por primera vez un cupo de reserva específico para personas con este tipo de discapacidad
La Dirección General de Función Pública y Plena Inclusión Canarias han puesto en común las medidas necesarias para impulsar la contratación de este colectivo
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, a través de la Dirección General de la Función Pública, ha mantenido un encuentro con la plataforma Plena Inclusión Canarias, que reúne a entidades de representación y apoyo a personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de impulsar el empleo público de personas de este colectivo.
El director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez, junto a personal técnico de la Dirección General de Discapacidad, se reunió con la presidenta de la plataforma, Carmen Laucirica, para poner en común las iniciativas y medidas que posibiliten un ejercicio real y efectivo de personas con discapacidad intelectual en el empleo público de la administración autonómica.
En esta línea, el Gobierno de Canarias ha incluido por primera vez un cupo de reserva específico para personas con discapacidad intelectual en la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2023, incorporando un total de nueve plazas para la agrupación profesional de personal subalterno, que fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias, número 248, de 20 de diciembre de 2023.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, asegura que “ha de fomentarse el acceso de personas con discapacidad al empleo público por ser una pieza clave para la empleabilidad de este colectivo de personas que tienen especiales dificultades para su inserción en el mercado de trabajo, y dentro de éstas, aún más especialmente las personas con discapacidad intelectual”.
Por su parte, el director general de Función Pública señala que con este nuevo cupo “se da cumplimiento a una exigencia ya prevista en nuestro decreto de acceso de personas con discapacidad al empleo público de nuestra Administración aprobado en el año 2011”.
Ambas partes se han comprometido a colaborar activamente en la publicidad de la convocatoria, la lectura comprensible de sus bases, el diseño adecuado del proceso selectivo, la identificación de los entornos de trabajo donde desempeñarán sus funciones y el acompañamiento de las personas aspirantes durante todo el proceso selectivo y en los momentos iniciales de su incorporación.
Otros asuntos tratados en la reunión fueron cuestiones relativas a la necesidad de estandarizar las adaptaciones de pruebas selectivas a determinados colectivos que por razón de su discapacidad precisan de éstas para valorar su potencial como aspirantes a un empleo público, haciendo especial hincapié en el colectivo de personas con autismo sin discapacidad intelectual.