El Gobierno trabaja con técnicos municipales de urbanismo p…

El catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar ha despejado dudas sobre algunas casuísticas particulares que se han planteado en los ayuntamientos de Los Llanos, El Paso y Tazacorte

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha celebrado este jueves una reunión con los técnicos municipales de urbanismo de los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte para aclarar los criterios de aplicación del decreto en materia territorial y urbanística, que entró en vigor el pasado 19 de diciembre y que esta misma semana ha sido convalidado por el Parlamento de Canarias.

El encuentro con los técnicos municipales, celebrado en el MAB de Los Llanos de Aridane, el viceconsejero para la recuperación económica y social de La Palma, Pedro Afonso, y el técnico redactor del decreto, Francisco Villar, se encargaron de despejar las dudas surgidas en las oficinas municipales ante algunas casuísticas particulares que han planteado las personas afectadas por la erupción. También participó, por parte del Gobierno de Canarias, el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, así como técnicos de la empresa pública Gesplan.

El viceconsejero Afonso valora “la importancia y necesidad de estas reuniones entre los técnicos municipales, Gesplan y Gobierno de Canarias para trabajar de manera coordinada, con un mismo criterio, y agilizar así todos los trámites administrativos a las personas afectadas”.

Una de las principales dudas, por su repercusión, fue la planteada por los técnicos del Ayuntamiento de Tazacorte respecto a las licencias para la recuperación de parcelas agrícolas, que Villar aclaró explicando que este decreto en materia territorial no afecta, de ninguna manera, a la concesión de esas licencias, que se pueden y se deben seguir otorgando como se venía haciendo hasta ahora.

Tanto Pedro Afonso como Francisco Villar incidieron en que la filosofía sobre la que se asienta el decreto es permitir la reconstrucción, siempre que sea posible, de lo que existía antes el 19 de septiembre de 2021 y facilitar que la base de esa reconstrucción sea la iniciativa privada, con el acompañamiento y la ayuda de las administraciones públicas.