El Ejecutivo regula el modelo de gobierno y gestión de dato…
El valor del dato reside en sus posibilidades de uso y reutilización, por lo que resulta fundamental prever adecuados sistemas de gobernanza, con el fin de asegurar que sean de calidad y su uso dé al sector público medios para adoptar mejores decisiones
Establece un modelo que respeta el principio de igualdad de género y los principios aplicables en materia de protección de datos, en especial los personales
Un gobierno basado en datos supondrá la mejora en la gestión pública y contribuirá a orientar la diversificación económica y propiciar su explotación con fines científicos
Contar con datos precisos, gracias a modelos de gobernanza adecuados, coadyuva al cumplimiento de los principios básicos de transparencia, trazabilidad y de rendición de cuentas inherentes a la propia función pública
Según la Unión Europea, está previsto que en 2025 el volumen global de datos se incremente un 530%, al pasar de 33 zetabytes en 2018 a 175
El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta de los consejeros de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el decreto por el que se regula el modelo de gobierno y gestión de datos para fines administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos vinculados o dependientes.
Para el Ejecutivo canario, los datos deben concebirse como un activo estratégico para la toma de decisiones y el diseño y la transformación de los servicios públicos y la sociedad canaria. Un gobierno basado en datos supone, por un lado, la mejora en la gestión pública y, por otro, contribuir a orientar la diversificación económica y propiciar la explotación de estos con fines científicos.
A su juicio, todas las acciones, medidas y proyectos que permitan transitar de forma progresiva hacia una gestión pública inteligente, fundamentada en la toma de decisiones apoyadas en datos, se deben incluir en un modelo de gobierno del dato.
Este decreto, que establece el modelo de gobierno y gestión de datos para fines administrativos de la Administración Pública de la CAC y sus organismos públicos vinculados o dependientes, respeta el principio de igualdad de género recogido en la normativa vigente y los principios aplicables en materia de protección de datos, en especial de datos personales.
Igualmente, atiende, de forma especial, el cumplimiento de los derechos aplicables de participación y conformación del espacio público, en relación con los derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas.
El uso de los datos puede dar al sector público los medios para tomar mejores decisiones, debiendo aprovecharse la oportunidad que presentan para el interés y bien público, social y económico, a través del diseño y despliegue de mejores políticas y servicios públicos basadas en ellos. Además, ofrece enormes posibilidades de impulsar el bien común y la innovación basada en estos datos, en particular, a través de proyectos de reutilización y de compartición legítima de los mismos.
Sin ir más lejos, en 2022 se llevaron a cabo 1.050.216 consultas de datos de identidad; 195.396 de datos de residencia; 62.440 consultas de inscripción de demandantes de empleo; 92.506 consultas de importes de prestación percibida en un periodo; 568.571 consultas de nivela de renta; 195.671 consultas de vida laboral; y 94.767 consultas de estar al corriente de pago a la Seguridad Social.
Hay que tener en cuenta que, según la Unión Europea, está previsto que en 2025 el volumen global de datos se incremente un 530%, al pasar de 33 zetabytes en 2018 a 175, y el valor economía de los datos ascenderá a 829.000 millones de euros, frente a los 301.000 millones de euros (2,4% del PIB de la UE) en 2018.
El valor de los datos reside en sus posibilidades de uso y reutilización, por lo que resulta fundamental prever adecuados sistemas de gobernanza de datos, a fin de asegurar que estos sean de calidad, y, al tiempo, permitir el adecuado desarrollo de nuevos modelos de intercambio y compartición legítimos entre las administraciones públicas, entre sí, y entre estas y las empresas o personas interesadas a diferente nivel. Siempre con pleno respeto al marco jurídico existente, según la tipología de datos públicos de que se trate.
Sin lugar a duda, el empleo inteligente de los datos por parte del sector público puede traer consigo un evidente efecto transformador en favor de la sociedad y la economía. Este empleo inteligente incluye su tratamiento a través de aplicaciones de inteligencia artificial y de analítica avanzada, entre otras tecnologías disruptivas que pudieran concurrir, ahora o en el futuro, siempre que estas presenten un carácter confiable, legal y ético garantizándose, de esta forma, los derechos básicos de la ciudadanía.
Las estrategias de planificación de las intervenciones públicas (políticas públicas, planes, programas, proyectos, servicios, entre otros) contienen altos niveles de componentes tecnológicos de interacción cotidiana con la ciudadanía. Los gobiernos deben adaptarse a la transformación digital y a las demandas cada vez más crecientes y personalizadas de la ciudadanía para afrontar con éxito los desafíos presentes y futuros.
Por ello, todos, los esfuerzos se deben orientar a la prestación de servicios personalizados, y el diseño de los servicios públicos se hará en función de las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Por tanto, una pieza clave en la necesaria transformación de la gestión pública es contar con una organización o gobernanza de los datos para responder a la demanda de la ciudadanía.
Y es que, hoy en día, son innegables las oportunidades que las tecnologías digitales y el análisis de datos en tiempo real han aportado a los gobiernos. En la actualidad, nos encontramos con la necesidad de pasar de la concepción estricta de los datos abiertos gubernamentales como una política aislada al reconocimiento de su valor como un elemento clave de un sector público basado en datos. Además, contar con los datos precisos, gracias a modelos de gobernanza adecuados, coadyuva en el cumplimiento de los principios básicos de transparencia, trazabilidad y de rendición de cuentas inherentes a la propia función pública.
La reutilización de la información del sector público aporta un potencial económico inmenso, posibilitando la generación de nuevos mercados, sectores, productos y servicios y, con ello, el desarrollo social y económico, y el fomento del empleo. Para extraer todo este potencial, tal y como se indica en el Preámbulo de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, es necesario sistematizar, organizar y armonizar la gestión y explotación de esta información. Se prestará especial atención a criterios de confidencialidad, protección, seguridad de los datos y, cuando aplique, anonimización de los datos de carácter personal concernidos.
El decreto contiene trece artículos, repartidos en cuatro capítulos -Primero. Disposiciones de carácter general; Segundo. Organización del Gobierno del dato para fines administrativos; Tercero. Políticas de datos; y Cuarto. Herramientas tecnológicas-, cuatro disposiciones adicionales -Primera. Régimen jurídico del gobierno y análisis de datos del Sistema Estadístico de Canarias; Segunda. Ausencia de impacto presupuestario; Tercera. Formación del personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; y Cuarta. Autorización para medidas de ejecución y aplicación- y una disposición final, así como un anexo de definiciones.
El Gobierno de España ha aprobado el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, que establece la Estrategia en materia de Administración Digital y Servicios Públicos Digitales, e impone, entre otros, el siguiente objetivo: “Políticas basada en datos y modernización de la gestión de datos”.
En este mismo sentido, se ha dispuesto la existencia de una Oficina del Dato, Orden ETD/803/2020, de 31 de julio, por la que se crea la División Oficina del Dato y la División de Planificación y Ejecución de Programas en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuyas principales líneas estratégicas son las del diseño, coordinación y seguimiento del modelo de referencia arquitectónico para fomentar la recogida, gestión e intercambio de datos públicos a nivel nacional. Este modelo abarca aspectos de tecnología, estándares, mejores prácticas, gobernanza, codificación, seguridad y privacidad.