Catalunya y Euskadi piden conjuntamente a Europa una política estructural de inversión en vivienda, que quede fuera de las reglas de cómputo de déficit
- Los gobiernos autonómicos han acordado una declaración para pedir fondos permanentes con criterios de cohesión social y convergencia territorial a las instituciones europeas.
- El posicionamiento conjunto sitúa el incremento de las inversiones como prioridad para diseñar el futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible, cuya implementación está prevista para 2026 y que busca abordar la creciente crisis de acceso a la vivienda que afecta a las principales metrópolis europeas.
- La consulta pública, dirigida a gobiernos regionales y locales, tiene como fecha límite para la presentación de propuestas hasta el próximo 17 de octubre.
Los gobiernos de Euskadi y Catalunya presentan una declaración conjunta para situar la vivienda asequible como prioridad estructural de la Unión Europea. La declaración aboga por una arquitectura financiera europea estable, con reglas claras y un tratamiento específico en materia fiscal, que desligue las inversiones en suelo, construcción de vivienda y rehabilitación de las estrictas reglas de déficit que encorsetan los presupuestos públicos de los gobiernos regionales y locales. Es una iniciativa inédita en el Estado español por su ambición, su enfoque estructural y por la confluencia de dos administraciones líderes en políticas públicas de vivienda.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, han presentado hoy en Barcelona una demanda compartida por ambas instituciones para el Plan Europeo de Vivienda que impulsa la Comisión Europea, con el objetivo de afrontar durante el próximo año la creciente crisis de acceso a la vivienda que afecta a las grandes conurbaciones donde se concentra la demanda.
El objetivo común de esta declaración es aplicar criterios de convergencia territorial y cohesión social que reduzcan las desigualdades entre las regiones europeas, ya que, en la actualidad, los dos principales factores de desigualdad son la vertebración territorial y la brecha entre colectivos vulnerables y sectores de la población que utilizan la vivienda como un activo financiero. En otras palabras, Catalunya y Euskadi alertan del riesgo de nuevas brechas sociales entre personas inquilinas y personas propietarias y apuestan por acercar el porcentaje de vivienda protegida entre territorios.
Durante la comparecencia, Paneque ha hecho valer “el trabajo conjunto con el gobierno vasco, porque tenemos el sentimiento compartido de aportar soluciones a la vivienda en nuestros territorios, en España y en Europa”. La consejera ha destacado «la voluntad de los dos gobiernos de priorizar las políticas de vivienda y de aportar soluciones de forma firme y decidida» y ha señalado que «compartimos que estas políticas afectan especialmente a los jóvenes y están vinculadas a empleo, igualdad y cohesión territorial».
«Pedimos a las instituciones europeas un marco flexible y adaptado a los diferentes territorios», ha apuntado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que ha remarcado que «es imprescindible mantener las inversiones en vivienda de manera permanente en los próximos años y con fondos suficientes para apoyar la ampliación de los parques de vivienda públicos de alquiler asequible».
Por su parte, el consejero Itxaso ha subrayado la importancia estratégica del nuevo plan europeo de vivienda asequible, afirmando que “Europa se juega su futuro en buena medida con este plan de vivienda asequible”. En este contexto, ha destacado la alianza entre comunidades autónomas para reforzar la petición a las instituciones comunitarias: “Cataluña y Euskadi unimos voluntades y pedimos a la Comisión que sea valiente, que despliegue políticas de carácter estructural y permanente, y que lo haga con criterios de convergencia territorial y cohesión social”.
Itxaso ha insistido en que “el parque de vivienda asequible debe ser considerado como la principal infraestructura del continente, si queremos garantizar la cohesión social, la competitividad económica y la igualdad de los europeos y europeas”, reclamando además “fondos que nos ayuden a financiar ese nuevo parque de vivienda asequible” y “que se flexibilicen las reglas fiscales que estrangulan la capacidad de endeudamiento de los gobiernos regionales para poder abordar esta nueva infraestructura de país”.
Un decálogo que equipara la inversión en vivienda a otros recursos estratégicos
La declaración conjunta eleva la vivienda asequible a política europea estructural, superando la lógica de programas puntuales condicionados por el ciclo presupuestario y haciendo frente a las lógicas especulativas del mercado inmobiliario. Plantea un tratamiento financiero específico, coherente con su naturaleza de infraestructura social, para que las inversiones no se vean penalizadas por las reglas fiscales, y propone reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con instrumentos de misión —financiación a muy largo plazo, bajo interés y garantías— capaces de escalar carteras de proyectos. La convergencia de dos administraciones referentes activa una agenda común, alineada con la competitividad europea, la atracción de talento y la regeneración de barrios degradados.
Para dar cumplimiento al Plan Territorial Sectorial de Vivienda (2024), Catalunya se ha fijado lograr que en 20 años un 15% de las viviendas se destinen a políticas sociales. Como respuesta a los objetivos del primer quinquenio, se ha puesto en marcha el Plan 50.000 que ha movilizado, en la primera reserva pública, 670 solares con una capacidad de 22.000 viviendas. De éstas, 14.000 viviendas cuentan con promotor y otras más de 7.000 ya están en producción. Es necesario generar suelo mediante la activación hasta 2030 de diversos sectores urbanísticos hasta ahora paralizados, que permitirán impulsar hasta 214.000 viviendas en los próximos quince años, un 40% destinadas a políticas sociales.
Con una dotación de 480 millones de euros, los fondos europeos Next Generation suponen el paquete de estímulo a la rehabilitación más importante y han de permitir renovar 65.000 viviendas hasta el año 2026. A parte de estas ayudas, el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica está trabajando en nuevos proyectos de rehabilitación.
Por otra parte, el nuevo Plan de barrios y villas destinará unos 1.600 millones de euros, de los cuales 1.000 los aportará el Gobierno y el resto, los ayuntamientos, entre los años 2025 y 2029 con el objetivo de reducir desigualdades territoriales y sociales, mejorar las condiciones de vida y garantir el acceso equitativo a los servicios básicos.
En Euskadi, el Pacto Social por la Vivienda fija un horizonte ambicioso que se concreta en dos metas estructurales: alcanzar un parque público de alquiler asequible equivalente al 5% de las viviendas principales en 2036 —50.000 viviendas— y consolidar una reserva de vivienda protegida permanente del 12 % del parque principal —116.000 viviendas—. En paralelo, se establece un ritmo sostenido de rehabilitación estructural del 3 % anual del total de edificios, lo que permitirá intervenir en aproximadamente 350.000 hogares a lo largo de quince años. Este marco de largo plazo se acompasa con la planificación hasta 2027 para alcanzar 7.000 viviendas nuevas en alquiler asequible y actuar sobre 62.000 viviendas y 10.000 edificios.
Iniciativas propuestas
- Vivienda como pilar del bienestar colectivo
La política de vivienda no puede desligarse de las políticas de empleo, igualdad y cohesión territorial, y debe situarse en el centro de la agenda social europea como uno de los pilares del bienestar colectivo basado en criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental. La escasez y carestía de la vivienda se erige hoy día como una nueva amenaza para la cohesión social del proyecto europeo, al condicionar la capacidad adquisitiva de las familias y la movilidad de las personas trabajadoras.
- Impulso de una política de vivienda estructural
Una política de vivienda a nivel europeo o una política europea de vivienda debe aspirar a ser una política estructural. La experiencia demuestra que las políticas de vivienda exitosas son aquellas que han sabido mantenerse en el tiempo, mientras que las coyunturales no aportan los resultados deseados, que en materia de vivienda lo son siempre por acumulación. Cuando se ponen ejemplos como el de Viena, se olvida en ocasiones que se trata de una ciudad que lleva invirtiendo en la infraestructura residencial cerca de un siglo, y que es esa política constante la que hace la diferencia entre parques robustos de vivienda, y políticas efímeras que cambian con cada gobierno.
- Convergencia territorial y cohesión social
Esta política debe buscar la convergencia entre los estados miembro y para ello debe fijar criterios compartidos de diagnóstico, evaluación y medición constantes de las políticas de vivienda, definiendo indicadores y fijando niveles de prestación a alcanzar. Proponemos que se tome en consideración el porcentaje de parque de alquiler asequible sobre el conjunto del parque residencial de cada estado miembro. Se deben fijar objetivos calendarizados para cada estado miembro con el objetivo de lograr la convergencia entre ellos. El parque de vivienda social en Europa presenta grandes diferencias. En España, el porcentaje de vivienda pública alcanza el 3,4%, inferior al 9% que representa la media europea, encabezada por Países Bajos (30%) y Austria (24%). Además, la inversión española en vivienda es cuatro veces inferior a la media europea: 34 euros por habitante, frente a los 161 euros de media europea. Por ello, Catalunya y Euskadi se posicionan a favor del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España en su objetivo por triplicar la inversión en vivienda pública y elevar en un 40% el parque público de vivienda en 2030.
- Marco flexible para el urbanismo, el suelo y la vivienda
Europa necesita dotarse de un marco flexible (horquillas de mínimos y máximos) en el que los estados miembros, comunidades autónomas o regiones y municipios puedan evolucionar en el desarrollo de sus respectivas políticas, de manera adaptada al terreno y según las diferentes escalas. La flexibilidad se erige en criterio primordial en un ámbito como el del urbanismo, el suelo y la vivienda, en la que las rigideces representan lentitud y falta de viabilidad para determinadas operaciones de desarrollo de vivienda.
- Fondos permanentes para apoyar la construcción de vivienda asequible
El próximo Marco Financiero Plurianual debe dotarse de una nueva línea permanente de vivienda con fondos suficientes para apoyar la construcción de vivienda asequible de calidad, y la rehabilitación energética a gran escala del parque de viviendas. El salto financiero en este campo debe ser relevante, pues las inversiones a afrontar alcanzan una dimensión extraordinaria que los poderes locales no pueden asumir en solitario.
- Mecanismos de financiación a largo plazo y bajo interés
El Banco Europeo de Inversiones debe facilitar mecanismos de financiación a muy largo plazo y muy bajo interés, para estimular de forma decidida la rehabilitación y la construcción de vivienda asequible en nuestros pueblos y ciudades. Necesitamos apalancar capitales privados en la misión de construir vivienda protegida y para ello contar con nuevos instrumentos financieros transparentes que no contribuyan a la especulación. Instrumentos que se alíen con la causa social de la vivienda porque las administraciones no podrán asumir por sí mismas las colosales inversiones que será necesario movilizar.
- Inversión en vivienda asequible fuera de la regla de gasto
Es preciso que las inversiones públicas en viviendas asequibles se consideren fuera del balance presupuestario y financiero, ya que son esenciales para el bienestar de la sociedad en el futuro y a largo plazo; exonerándolas a tal efecto de restricciones presupuestarias en general y de los límites presupuestarios que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en particular. Ahora que la seguridad y la geopolítica se sitúan en el epicentro de las preocupaciones comunitarias, queremos recordar que una de las mejores formas de defender el proyecto europeo en este momento de la historia es recreciendo nuestro parque de vivienda asequible.
- Priorización de la función social de la vivienda frente a la especulación
La UE debe contribuir a la regulación de aquellas prácticas que relegan y amenazan el uso de vivienda habitual en nuestras ciudades priorizando la función social de la vivienda, amenazada hoy por crecientes y variadas tentaciones especulativas. Las viviendas turísticas y cualquier otra modalidad que relegue la función social de la vivienda y refuerce el papel de la vivienda como activo financiero, ejercen un papel nocivo respecto del camino que Europa debe recorrer.
- Equilibrio territorial y lucha contra la despoblación
La política de vivienda de la UE debe apostar por el equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación, así como por la intervención y revitalización de la ciudad construida. Es en este último apartado donde la rehabilitación puede darse cita con objetivos de carácter patrimonial que incrementan el atractivo arquitectónico de nuestros entornos urbanos.
- Juventud y emancipación en el centro de las políticas públicas de vivienda
La política de vivienda debe poner a la juventud en el centro, para dotar de futuro a las nuevas generaciones y como herramienta clave para garantizar el propio futuro de Europa. Como ejemplo, Euskadi ya tiene una apuesta decidida para promover el acceso a la vivienda de las personas jóvenes y pretende dedicar el 50% de sus nuevas viviendas protegidas a personas y familias menores de 36 años.
Compromiso con la Ley estatal por el derecho a la vivienda y resultados tangibles en ambos territorios
Catalunya y Euskadi reafirman su compromiso con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que introduce las zonas de mercado residencial tensionado como herramienta para contener precios, ofrecer amparo temporal a inquilinas e inquilinos y, sobre todo, activar planes estratégicos que movilizan suelo, atraen recursos y amplían el parque público.
Los resultados avalan el enfoque en Catalunya. La delimitación y gestión de zonas tensionadas ha logrado una caída del 3,7 % en la renta mensual media de alquiler durante su primer año de aplicación, moderando precios y reforzando la seguridad de las personas arrendatarias.
En Euskadi, la declaración de zonas tensionadas se ve condicionada a un trabajo previo entre Gobierno y ayuntamientos para acordar los planes trianuales de acción previstos en la Ley. El Gobierno Vasco pretende mejorar el acceso a la vivienda para todas las capas sociales mediante promoción pública, movilización de vivienda vacía, industrialización del sector y rehabilitación de barrios y comunidades degradadas. Según Denis Itxaso, “planificar a tres años nos permite ajustar los modelos de ciudad a una realidad de cambios demográficos, escasez y carestía de vivienda y una demanda de alquiler en fuerte crecimiento en Euskadi. Por eso la intervención pública, las reformas de calado y el esfuerzo presupuestario para construir más vivienda pública son más necesarios que nunca”, ha expresado.
