Derechos sociales y la Plataforma Tercer Sector refuerzan su colaboración con la firma de un nuevo convenio
Madrid, 28 de octubre 2025.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado este martes el acuerdo marco de colaboración estable con el Tercer Sector de acción social, articulado en torno a la Plataforma del Tercer Sector, con el objetivo de consolidar y actualizar el marco de cooperación institucional para incentivar la participación de las organizaciones sociales en las políticas públicas, garantizando su sostenibilidad y avanzando en la protección de los derechos sociales. Este convenio actualiza el firmado en 2021 y tendrá una vigencia de cinco años.
El acuerdo suscrito por el ministerio que dirige Pablo Bustinduy fomenta la participación del Tercer Sector en el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social y se articula en tres ejes principales de colaboración: interlocución institucional y participación social, estabilidad y sostenibilidad de la financiación e impulso normativo y desarrollo legislativo.
En este sentido, el texto refleja el compromiso de Derechos Sociales para mantener canales de trabajo compartido, diálogo y colaboración con la Plataforma del Tercer Sector en el desarrollo de los contenidos que forman parte de la agenda social y las políticas públicas desplegadas por el Ministerio, además de trabajar conjuntamente para dotar de recursos y de estabilidad al sector a través de iniciativas estatales y europeas.
El acuerdo también recoge el compromiso de continuar impulsando el desarrollo reglamentario de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la Ley del Voluntariado, así como avanzar en una agenda legislativa compartida en materia de derechos sociales que refuerce la equidad y la protección del Estado, reconociendo al Tercer Sector como un actor clave para la cohesión social y defensa del interés general.
Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, ha subrayado que “con este acuerdo se refuerza un modelo de gobernanza compartida que reconoce la experiencia y el compromiso del Tercer Sector en la definición de las políticas públicas. No hay justicia social sin participación social”.
