Ana Redondo defiende en el Congreso el compromiso del Estado con la igualdad real y la defensa de los derechos de las mujeres
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante su comparecencia en la comisión de Igualdad del Congreso. (EFE)
Durante su comparecencia, Ana Redondo ha defendido la trascendencia jurídica, política y social de la iniciativa de la reforma constitucional para el reconocimiento de la libertad de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. «Por primera vez en nuestra historia democrática la Constitución española incluirá -si se aprueba- una garantía explícita del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su maternidad», ha aseverado.
La iniciativa pretende incluir en el artículo 43 de la Carta Magna un nuevo apartado, el 4, con este texto: se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, el ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres.
El objetivo, con esta reforma, ha asegurado la titular de Igualdad, es no solo reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres sino, también, garantizar «las condiciones materiales para su ejercicio, vinculando el derecho a la sanidad pública y reforzando la dimensión social de la igualdad. Porque un derecho que depende de la capacidad económica o del código postal de cada mujer no es un derecho, es una desigualdad institucionalizada.», ha dejado claro.
«Los derechos de las mujeres, y su ejercicio, no pueden depender de coyunturas políticas, de mayorías parlamentarias cambiantes ni de interpretaciones variables de la ley. Los derechos de las mujeres deben estar blindados en la norma suprema del estado, protegidos por la constitución, como expresión de la libertad, la dignidad y la igualdad que la propia carta magna proclama», ha sentenciado Redondo.
Violencia Vicaria
En el Congreso de los Diputados, en el seno de la comisión de Igualdad, la ministra ha abordado también el Anteproyecto de Ley Orgánica de Violencia Vicaria, que desarrolla objetivos del Pacto de Estado contra la violencia de género en materia de violencia vicaria.
En concreto, con esta iniciativa se abordan las medidas 280 a 320, que instan expresamente a reconocer la violencia vicaria como una forma autónoma de violencia de género, a reforzar la protección de las víctimas y a incorporar protocolos y formación especializada en todos los niveles del sistema.
«La violencia vicaria es, en su esencia, la negación absoluta de la humanidad: el intento deliberado de aniquilar a la mujer a través del daño más irreparable que se le puede causar», ha señalado la ministra Redondo, dando pie a la primera de las reformas que aborda el anteproyecto de Ley: una definición expresa de la violencia vicaria, que se incorpora en el artículo 1.4 de la ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género: violencia vicaria es aquella violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de su pareja o expareja a través de persona interpuesta, con la finalidad de vulnerar su integridad moral.
En segundo lugar, el anteproyecto introduce la creación de un nuevo artículo 173 bis en el Código Penal, que tipifica de forma expresa y diferenciada la violencia vicaria, con una doble tipificación -de tipo general y de tipo agravado- además de una pena accesoria. Esta se incorpora en el artículo 70 del código penal: «Dicha pena permitirá al juez, cuando lo estime procedente, prohibir al condenado la publicación, difusión o comunicación pública de informaciones, testimonios o documentos -directamente o a través de terceros- cuando su propósito sea prolongar el daño moral o la exposición pública de la víctima».
Con esta medida, ha explicado la titular de Igualdad, se pretende evitar la revictimización de las mujeres víctimas de violencia vicaria. El objetivo, ha añadido la ministra, «es impedir que los agresores puedan seguir causando dolor desde la prisión o desde el espacio público, y garantizar que la ley acompañe a la sociedad en el rechazo ético y jurídico de estas conductas».
Asimismo, se refuerza el derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos judiciales y también se modifica la ley orgánica del poder judicial, estableciendo la obligación del consejo general del poder judicial de ofrecer formación especializada y obligatoria en materia de violencia vicaria para jueces, fiscales y personal al servicio de la administración de justicia «porque no basta con tipificar una conducta: hay que dotar al sistema de conocimiento, sensibilidad y recursos para aplicarla correctamente», ha indicado.
Ana Redondo ha concluido su comparecencia manifestando que «con estas dos reformas -la constitucional y la legislativa-, España reafirma que la igualdad entre mujeres y hombres no es una aspiración, sino una garantía constitucional, una política de estado y un compromiso democrático firme e irrenunciable».
