El Gobierno de Canarias apuesta por incentivar al máximo la política del acuerdo para reducir los litigios

La consejera de Presidencia y el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados presentaron el modelo canario para la implantación de los MASC

“Canarias va a incentivar la política del acuerdo antes de acudir a la vía como una apuesta decidida por reducir la litigiosidad”, señaló la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto durante la rueda de prensa de presentación de la implantación en Canarias de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), contemplados en la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La Ley establece este requisito previo para la jurisdicción civil y mercantil, y en las Islas se estimularán los resultados aplicando el baremo con el mayor incentivo económico a los profesionales de la abogacía de justicia gratuita que finalizan la negociación con acuerdo. “Esto ha sido posible gracias a la colaboración del Consejo Canario de Colegios de Abogados al que agradezco su implicación”, señaló la consejera.

Para Nieves Lady Barreto, Canarias, con una de las tasas de litigiosidad más elevadas de España, se posiciona como pionera en la implementación efectiva de este nuevo sistema incentivos. “Con la política del acuerdo frente al litigio vamos a intentar que a los tribunales lleguen menos juicios, rebajar así la carga de trabajo y el coste económico, pero sobre todo va a suponer un avance importantísimo para el ciudadano, ya que podrá ver sus problemas resueltos en un menor periodo de tiempo, rebajando la carga emocional del proceso”, apuntó.

En este sentido, la consejera añadió que se busca filtrar los casos que realmente necesitan intervención judicial de aquellos que pueden resolverse mediante acuerdos entre las partes, descongestionar los tribunales y promover soluciones más rápidas y satisfactorias con un coste significativamente menor que el coste completo de un procedimiento judicial para la Administración, en la parte que nos corresponde, que es la justicia gratuita.

La consejera estuvo acompañada por el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, quien destacó que a implantación de este nuevo sistema de compensación consolida el papel clave de la abogacía como “protagonista de una justicia más ágil, eficiente y centrada en la solución pactada de los conflictos, evitando, cuando sea posible, el recurso a la vía judicial. “Este avance no solo dignifica nuestra labor, sino que refuerza el compromiso ético de la profesión, plenamente alineado con los principios del Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía: la defensa de la concordia, el diálogo y los métodos alternativos de resolución como pilares fundamentales de nuestra función social”, manifestó Rodríguez.

Asistieron también a la rueda de prensa el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez; Francisco Kabir Vaswani Reboso, presidente de la Comisión Extraestatutaria Especial de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio y vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados y Mila Pacheco Pérez, presidenta de la Comisión Extraestatutaria Especial de Medios Adecuados para la Resolución de Litigios y Conflictos y vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados.

Según explicó la consejera, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha establecido un sistema de compensación económica que prioriza de manera contundente el logro de acuerdos. El modelo canario establece la mayor diferencia retributiva de España entre los procedimientos con acuerdo, con 418 euros, y sin acuerdo, un 10%, incentivando claramente la resolución efectiva. El baremo establecido equivale al del mutuo acuerdo matrimonial, que es el mejor remunerado.

La consejera recordó que esta Ley viene a imponer una transformación total de la Administración de Justicia, y de la relación del ciudadano con la Administración de Justicia, “pero que está suponiendo una gran carga de trabajo y un esfuerzo enorme de consenso de la Administración con todos los operadores jurídicos, sindicatos y profesionales de la abogacía para ponerla en marcha sin ficha financiera por parte del Estado”.