La declaración de Irun como zona tensionada viene acompañada del inicio en 2025 de 420 nuevas viviendas protegidas en alquiler por parte del Gobierno Vasco
- El plan de acción del Ayuntamiento irundarra contempla la puesta en marcha de un total de 1.000 viviendas de protección pública durante los próximos 3 años, entre las que destacan las 612 que se llevarán a cabo en la zona de San Miguel-Anaka o las 99 en la calle Lastaola Postetxea de Behobia
- El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha destacado que “para atender la demanda de Etxebide, con 2.642 personas inscritas en busca de una vivienda en alquiler, el Ejecutivo vasco impulsará este año la mayor operación de su historia en la ciudad, y una de las mayores también en todo el territorio”
- Cristina Laborda, alcaldesa de la localidad, ha subrayado que «se trata del mayor impulso a la vivienda en la historia reciente de Irun, gracias a este plan que permitirá duplicar la vivienda protegida existente en tres años»
El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha aprobado la declaración de Irun como zona de mercado residencial tensionado y, junto a ella, ha anunciado el inicio durante 2025 de 420 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler por parte de la sociedad pública Visesa, todas en la zona de San Miguel-Anaka. Se trata de la mayor operación de vivienda pública que el Ejecutivo vasco ha impulsado hasta la fecha en la ciudad, que en su plan de acción para los próximos 3 años contempla la puesta en marcha de un total de 1.000 viviendas protegidas. El anuncio lo han realizado esta mañana el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y la alcaldesa de la localidad, Cristina Laborda, en un acto que ha tenido lugar en la Sala Capitular del consistorio irundarra.
De esta forma, Irun se suma a otros municipios vascos que han visto reconocido su esfuerzo por afrontar el reto del acceso a la vivienda como son Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria y Barakaldo. En ese sentido, el consejero ha destacado que “hoy en Irun damos un paso crucial en la apuesta de Euskadi por garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible”, y ha confirmado que su departamento y el Ayuntamiento de Irun firmarán próximamente un convenio para promover más de 600 viviendas en los próximos 4 años.
Además, Itxaso ha asegurado que Irun aparecerá junto a Zumaia, Lasarte-Oria y Barakaldo en el listado de zonas tensionadas que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo mes de abril. “El día 23 saldrá publicado en el BOPV y posteriormente en el BOE, por lo que con estos cuatro municipios más Errenteria, podemos confirmar que en torno a un 10% de la población vasca ya vive en localidades oficialmente tensionadas”, ha añadido el consejero.
Por su parte, la alcadesa de Irun, Cristina Laborda, ha destacado que la construcción de este millar de viviendas en el corto plazo, son tantas como las puestas en marcha en la ciudad en la historia reciente, con lo que esta oferta se va a ver duplicada en tres años. «Estamos, sin duda alguna, ante el mayor impulso a la vivienda que haya podido conocer Irun, un ambicioso plan que demuestra la verdadera apuesta del Ayuntamiento en uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía», ha señalado la primera edil irundarra.
Laborda ha recordado, además, que Irun ha registrado un crecimiento poblacional constante y que el consistorio siempre ha defendido que la construcción de nuevas viviendas tiene que ser acorde a ese incremento. «Nuestro deber y compromiso con la ciudadanía debe ser que quienes eligen Irun para continuar con su proyecto de vida, lo puedan hacer en su ciudad, aquí en casa», ha añadido.
Una respuesta estructural al desafío de la vivienda
Durante su comparecencia, Itxaso ha puesto el foco en la importancia de actuar a corto, medio y largo plazo. “Mientras recrecemos la oferta de vivienda pública con la mayor operación realizada por el Gobierno Vasco en Irun, no nos olvidamos de quienes necesitan apoyo ya. Por eso, declarar Irun como zona tensionada nos permite también amparar a las personas inquilinas con medidas que estabilizan los precios del alquiler”, ha afirmado.
La declaración de zona tensionada implica la puesta en marcha de un Plan de Acción Trienal, un instrumento clave para diseñar, evaluar y mejorar continuamente las políticas de vivienda en el municipio. Entre las medidas concretas que el Ejecutivo vasco implementará en Irun, destacan:
- Construcción de 870 viviendas protegidas de obra nueva y 96 alojamientos dotacionales en los próximos tres años, además de la rehabilitación de 34 viviendas municipales para alquiler protegido. Esto supondrá la creación de 1.000 unidades de vivienda asequible a corto plazo.
- 612 VPO en San Miguel-Anaka
- 63 VPO en Korrokoitz
- 60 VPO en el ámbito de Alei
- 99 VPO en Lastaola Postetxea
- 36 VPO en Mendipe
- Más a largo plazo, Irun prevé la construcción de 2.190 viviendas adicionales de protección pública en una década entre VPO en alquiler (1.772), viviendas tasadas (394) y alojamientos dotacionales (24).
- 268 VPO en San Miguel Anaka (se iniciarán en los próximos 5 años)
- 6 VPO y 6 VT en Mendipe (se iniciarán en los próximos 10 años)
- 111 VPO y 24 AD en entorno Estación
- 18 VPO y 18 VT en Ventas
- 155 VPO y 135 en Iparralde-Gal
- 48 VPO y 48 VT en López de Becerra
- 13 VPO y 13 VT en Aldapeta
- 667 VPO en Txenperenea
- 237 VPO y 86 VT en Matxalagain
- 241 VPO y 88 VT en Blaia
- 8 VPO en Gazteluberri
- Movilización de suelo público y privado para la construcción de vivienda protegida, analizando cada parcela disponible para optimizar su uso y contribuir al objetivo de 75.000 viviendas protegidas en Euskadi.
- Actualización de las ordenanzas municipales para favorecer la optimización del parque de vivienda existente, impulsando la división de viviendas grandes, la conversión de locales comerciales en viviendas y la reubicación de actividades profesionales en plantas bajas.
- Estrategia coordinada para la movilización de viviendas vacías, con incentivos fiscales en programas como Bizigune y la aplicación del canon de vivienda deshabitada en zonas de alta demanda, como ya ocurre en municipios como Azpeitia.
Con estos datos, el consejero ha reconocido que “estamos demostrando que el problema de la vivienda tiene solución”, si bien ha subrayado que requiere ambición, planificación y colaboración institucional, y este plan en Irun es un ejemplo de ello. En palabras de Itxaso, “la administración no puede actuar sola y por eso impulsamos un modelo de corresponsabilidad con ayuntamientos, sociedad civil y agentes del sector”. Y es que según él, “el acceso a la vivienda no es solo una cuestión de disponibilidad, sino de justicia social, y no podemos permitir que el precio de la vivienda expulse a nuestros vecinos y vecinas, sobre todo a los más jóvenes, ni limite el desarrollo de nuestros municipios”.
Medidas específicas para mejorar el acceso a la vivienda en Irun
El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Irun han implementado diversas iniciativas para hacer frente a la presión del mercado inmobiliario en la ciudad. Actualmente, 180 personas empadronadas en Irun reciben apoyo a través del Derecho Subjetivo a la Vivienda, de las cuales:
- 74 han accedido a una vivienda protegida.
- 64 han sido reconocidas con la Prestación Económica de Vivienda (PEV).
- 42 tienen prioridad en la próxima adjudicación.
Asimismo, 170 jóvenes reciben la ayuda de 300 euros mensuales del programa Gaztelagun, con otros 43 expedientes en tramitación. Paralelamente, el Ayuntamiento también ha reforzado las ayudas al alquiler y otras soluciones habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad. De hecho, en 2023 concedió cerca de 1.000 ayudas de emergencia destinadas a la vivienda, representando el 88% del total de ayudas sociales del municipio.
Por otro lado, Irun cuenta con 1.131 viviendas en las que no hay personas empadronadas, lo que representa un 4,1% del parque de viviendas. Para combatir esta situación, el programa Bizigune ha permitido poner en circulación 108 viviendas en régimen de alquiler asequible, además de 5 más a través del programa ASAP.
Pese a estos esfuerzos, la demanda sigue siendo elevada. Actualmente, en el registro de Etxebide en Irun hay 3.265 personas inscritas en busca de vivienda, de las cuales el 81% (2.642) buscan alquiler. “Atender esta demanda exige soluciones valientes y decididas para aliviar la presión sobre el mercado residencial”, ha señalado Itxaso, quien ha vuelto a recordar que “no estamos haciendo políticas de vivienda solo para quienes más dificultades tienen, sino que también pensamos en las clases medias, ofreciendo soluciones adaptadas a todos los umbrales de renta, porque el problema de la vivienda afecta cada vez a más perfiles sociales”. Por ello, ha expresado que “debemos abordarla con una estrategia integral que combine inversión pública, regulación urbanística y colaboración con el sector privado”.
En este sentido, ha destacado tres pilares fundamentales sobre los que se sustentará la política de vivienda en Euskadi:
- La vivienda como derecho fundamental y factor de cohesión social. No se puede permitir que la escasez de vivienda perpetúe desigualdades y frene el desarrollo de Euskadi.
- Un enfoque integral que aborde tanto la oferta como la demanda. La solución no pasa por respuestas simplistas, sino por una visión global que contemple inversión pública, regulación urbanística, colaboración con el sector privado y rehabilitación de viviendas.
- Un modelo de colaboración público-privada. La administración no puede asumir sola toda la inversión necesaria. Es crucial generar incentivos para atraer inversión privada que amplíe el parque de vivienda protegida y dinamice el mercado residencial.
La aprobación de esta declaración supone un paso decisivo para garantizar que el acceso a la vivienda en Irun sea una realidad para todas las personas. “No vamos a detenernos aquí”, ha asegurado Itxaso. “Seguiremos reforzando nuestras políticas de vivienda para que nadie se quede atrás”. Para ello, el Gobierno Vasco continuará trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Irun y otros agentes implicados para que las medidas incluidas en el Plan de Acción se materialicen con éxito.
