La consejera San José avanza que Euskadi contará con un modelo propio de Oficina Judicial con una estructura más ágil y especializada

• El modelo busca mejorar la eficiencia y calidad del servicio adaptando el sistema judicial a las necesidades del País Vasco

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha avanzado que Euskadi contará con un modelo propio de Oficina Judicial con una estructura más ágil y especializada que busca mejorar la eficiencia y calidad del servicio. San José ha compartido los avances de su Departamento en relación con la Ley Orgánica 1/2025 para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce reformas clave en la estructura de los juzgados, tribunales y oficinas judiciales.

En un primer momento estaba previsto que lo hiciera en el marco de la Conferencia Sectorial de Justicia que se iba a celebrar entre ayer y hoy en Barcelona, pero finalmente lo ha hecho en una reunión de trabajo sobre Justicia, ya que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no han querido participar en la Comisión Sectorial y, por tanto, no ha habido quorum para que se celebrara.

En su intervención, en la que ha estado presente el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, San Jose se ha referido a uno de los cambios más relevantes de esta reforma, la creación de un modelo propio de Oficina Judicial en Euskadi. Este modelo, que el Departamento que dirige lleva meses diseñando, busca “optimizar los recursos, mejorar la especialización del personal y ofrecer un servicio de mayor calidad a la ciudadanía”. San José ha explicado que el modelo ya está diseñado, y ahora lo están adaptando a las necesidades específicas de cada tribunal de instancia.

San José ha insistido en que el objetivo de esta reforma es “mejorar la eficiencia del sistema judicial, adaptándolo mejor a nuestras necesidades”, y ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones para garantizar que la reforma se implemente de forma efectiva, en concreto el trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de Gobierno, la Secretaría de Gobierno y los sindicatos.

La Ley abarca dos áreas clave: la organización judicial y la reestructuración de las oficinas judiciales. La reforma también introduce cambios en la oficina judicial, permitiendo una mayor flexibilidad y facilitando la especialización del personal. Este modelo busca garantizar una distribución más equitativa del trabajo, ajustándose a las necesidades específicas de cada territorio.

En cuanto al personal, San José ha destacado que la especialización en una jurisdicción concreta mejorará la calidad del servicio, “fomentando una mayor cohesión y comunicación dentro de cada sección judicial”. Además, esta reforma tendrá un impacto positivo sobre los letrados de la administración de justicia, quienes podrán configurar equipos “más especializados” y que pueda adaptarse a las necesidades en cada momento, y sobre los ciudadanos, “que se beneficiarán de un sistema judicial más ágil y eficiente”.

Asimismo, la consejera ha recordado que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, a través de sus servicios de apoyo a la justicia, “garantiza el acceso a los medios alternativos de solución de controversias a todas las personas que sean beneficiarias del derecho a la justicia gratuita”, en los supuestos en que su uso constituya un requisito de procedibilidad de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/25.

Por último, San José ha explicado que el modelo adoptado por el Gobierno Vasco asegura el cumplimiento de los objetivos y finalidad de la ley al proporcionar un modelo organizativo de justicia cohesionado en aras a conseguir la mayor optimización de los recursos y la mejora en la calidad de la justicia.