El Gobierno de España traspasa a la Xunta de Galicia las competencias en ordenación y gestión del litoral

Foto de familia de la 44º Comisión Mixta de Transferencias Estado-Galicia.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la 44º Comisión Mixta de Transferencias Estado-Galicia en la que se ha formalizado el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de ordenación y gestión del litoral, que se hará efectivo a partir del 1 de julio.

El ministro Torres ha comparecido junto con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Palacio Raxoi, y ha destacado que este traspaso se debe a «la voluntad de diálogo» que ha habido entre las dos administraciones, «algo que agradezco al presidente Rueda». Para el ministro, teniendo en cuenta además que la última transferencia de competencias a Galicia se formalizó en 2008, «días como éste son importantísimos».

Este pleno de la Comisión Mixta de Transferencias es el segundo que se celebra con Galicia en los últimos tres años, siendo el anterior en 2022, para abordar cuestiones en materia de financiación.

Torres ha remarcado que su departamento va a seguir trabajando con Galicia y con el resto de comunidades autónomas en el traspaso de competencias «porque creemos que un mayor autogobierno redunda en la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Y este traspaso, que se ha hecho en las mismas condiciones -ni más ni menos- que a otros territorios que han reclamado la competencia, es un ejemplo de confianza plena en el Estado de las autonomías. Creemos en el Estado de las autonomías».

Funciones y servicios transferidos

Entre las competencias transferidas se encuentran las autorizaciones de usos de temporada en playas y en el mar territorial, las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar o la vigilancia, tramitación e imposición de sanciones.

En cuanto a las funciones y servicios que se reserva la Administración del Estado se encuentran la de fijar el importe de los cánones por la utilización del dominio público marítimo-terrestre; el rescate de las concesiones demaniales cuando lo exija una razón de interés general vinculada a su ámbito; o la potestad sancionadora derivada de sus competencias, y que no se refieran a las infracciones por incumplimiento que le corresponda a la Comunidad Autónoma de Galicia.

El acuerdo también establece una serie formas de cooperación entre las dos administraciones en materia de construcciones o modificaciones de puertos y vías de transporte; sobre los informes que deben emitirse desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre los planes y normas de ordenación del litoral; o en materia de obras de interés general. El coste total efectivo de la transferencia supera los 1,2 millones de euros.

Diálogo con todas las comunidades autónomas

El ministro Torres manifestó que el Gobierno de España continuará trabajando con voluntad de diálogo con las comunidades autónomas, «tal y como ha hecho hasta ahora, con resultados muy positivos», en referencia a la reducción de la litigiosidad que se ha experimentado en las legislaturas de Pedro Sánchez.

El número de recursos directos planteados se ha reducido un 69% (de 124 a 39) con respecto a la etapa anterior; y el número de recursos presentados tras la negociación que permite el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha descendido un 60% (de 114 a 45).

En cuanto a los resultados de las negociaciones aplicando el 33.2 LOCT, en los últimos seis años se han logrado 306 acuerdos con las comunidades autónomas. De los 306 acuerdos, 56 se han alcanzado en el último año y medio (XV Legislatura), siendo dos ellos acuerdos totales con la Comunidad Autónoma de Galicia respecto a las leyes autonómicas de Calidad Alimentaria (16 de junio de 2024) y de Medidas Fiscales y Administrativas (3 de septiembre 2024).

Fondos tramitados para entidades locales gallegas

En otros ámbitos, desde el área de Política Territorial y Memoria Democrática, se han tramitado 1,6 millones de ayudas para reparar infraestructuras municipales gallegas afectadas por catástrofes desde julio de 2021. Y las ayudas del Plan de Recuperación gestionadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la modernización y transformación digital de las entidades locales gallegas asciende a 23,4 millones de euros.