El Estado no ha vuelto a contactar con Canarias para coordinar el acogimiento de los menores asilados
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias informa en el Parlamento de la situación tras el auto del Tribunal Supremo
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, compareció hoy en el Parlamento de Canarias, a petición del Grupo Popular, para informar sobre la situación actual de los menores en situación de asilo internacional tras el auto del Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo de los menores migrantes que llegan al archipiélago sin sus progenitores y que solicitan asilo en España.
Como recordó, la semana pasada se mantuvo una reunión en Presidencia del Gobierno de Canarias a la que asistió el presidente Fernando Clavijo, el ministro Ángel Víctor Torres, presidente de la Comisión, la consejera de Bienestar Social, los responsables de los Servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, y de manera telemática, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego y altos cargos del Ministerio de Interior.
En ese encuentro, el presidente de Canarias confirmó a los ministros que “se ha comunicado al Tribunal Supremo que en Canarias hay 1.008 menores que podrían acogerse a la situación de asilo internacional, en los que se incluyen aquellos que lo han solicitado, no solo los que tiene el expediente completo”.
“El siguiente paso que acordamos fue establecer reuniones de carácter técnico para que, el día 9, esos menores pasen al sistema de protección internacional del Estado, tal y como establece el auto del Supremo. Se acordó, y nosotros confiamos en su momento en la palabra de los ministros, que los menores tendrían que salir de Canarias porque la situación de hacinamiento hace imposible que permanezcan aquí, aunque Canarias entiende que cada caso debe ser analizado individualmente”, explicó la consejera, quien confirmó que “dichas reuniones de carácter técnico no se han celebrado aún, el Estado no se ha vuelto a poner en contacto con nosotros para coordinar estos traslados, por lo que vemos muy difícil que el plazo impuesto por el auto del TS vaya a cumplirse, pero la pelota está en el tejado del Gobierno estatal”.
“Este auto fue un recordatorio claro de la obligación irrenunciable del Estado español de garantizar la protección de quienes huyen de situaciones de conflicto, persecución o violación de derechos humanos. En este contexto, el Tribunal Supremo ha subrayado la importancia del derecho de asilo como una competencia exclusiva del Estado, reconocida en la Constitución Española. Este mandato se concreta además en la Ley 12/2009, de asilo y protección subsidiaria, y en el Real Decreto 220/2022, que establece un sistema de acogida integral para solicitantes de protección internacional”, recalcó.
Este sistema estatal de acogida se estructura en fases que incluyen la valoración inicial y derivación, acogida y autonomía, y garantiza condiciones materiales dignas durante un período que puede extenderse hasta dieciocho meses. A lo largo de este proceso, se ofrece una atención especializada para los más vulnerables, incluidos los menores no acompañados. “Sin embargo, en la situación actual, estos 1.008 menores no han tenido acceso efectivo a estos recursos, a pesar de tener pleno derecho a ellos. Estos menores no son «inmigrantes», ni MENAS, son niños y niñas en riesgo. Canarias actuará con los recursos que tenga, pero no podemos olvidar que nosotros, en un muy corto espacio de tiempo, hemos tenido que tutelar, vestir, educar y sanar a más de 5.000 menores, ahora le toca al Estado cumplir con sus obligaciones”, concluyó.
