«Las políticas públicas del Gobierno Vasco son la clave de que Euskadi sea la comunidad con menor tasa de pobreza», ha destacado el Vicelehendakari Torres
- Recuerda que la sociedad vasca evoluciona hacia un bienestar creciente para un 92 % de la población, pero que el 8 % restante permanece en riesgo de exclusión social
El Vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha destacado este viernes en el Parlamento que las políticas públicas del Gobierno Vasco son «la clave» de que Euskadi sea la comunidad autónoma con menor riesgo de pobreza o exclusión social. Y ha basado dicha afirmación en la reciente Encuesta de Condiciones de Vida referente al año 2024 publicada recientemente por el INE, en la que se daba a conocer la Tasa Arope, que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social.
Dicha tasa se sitúa para el conjunto de España en un 25,8 %, tras bajar casi 1 punto respecto al año anterior, mientras que en Euskadi se encuentra en un 14,8 %, tras descender por tercer año consecutivo. El dato no sólo confirma que «somos la comunidad autónoma con menor riesgo de pobreza o exclusión social, sino que también se va dibujando un mapa en el que el País Vasco se queda cada vez más sólo, al crecer la tasa de desigualdad en las comunidades que tenían los porcentajes más próximos al de Euskadi», ha indicado Torres.
El consejero de Economía, Trabajo y Empleo ha mostrado su alegría por el dato, pero no ha dado lugar a la autocomplacencia. «Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero debemos reconocer que el camino recorrido es, por ahora, el correcto». Además del sistema educativo, el modelo productivo, y el marco de relaciones laborales, Mikel Torres considera que «son múltiples los factores de las políticas públicas que explican esta favorable evolución y esta posición, pero sin duda, hay una política pública clave que este Gobierno Vasco ha llevado adelante para encontrarnos en esta situación, y esa no es otra que construir un sistema de protección social, fuerte y robusto».
Entre estas políticas públicas ha citado el Ingreso Mínimo Vital, la reforma laboral, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y el Salario Mínimo Interprofesional. Y ha destacado que se trata de «un éxito colectivo que nos define como sociedad comprometida con la justicia social y el progreso», ya que fue «la sociedad vasca la que hizo una apuesta por el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, que es un referente, y que ha demostrado ser una herramienta imprescindible y efectiva en la reducción de la pobreza».
El Vicelehendakari recordó que fue el Parlamento Vasco el que aprobó este sistema que «supuso un cambio de paradigma» con «un importante incremento general de coberturas y una mayor llegada a segmentos poblacionales que no estaban suficientemente cubiertos, tales como familias con menores de edad a cargo, hogares monoparentales, personas con discapacidad, pensionistas, jóvenes, personas refugiadas o víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual».
Como resultado de ello, hoy, Lanbide protege con la Renta de Garantía de Ingresos, el Ingreso Mínimo Vital, o las dos prestaciones, a algo más de 70.000 familias en Euskadi, a las que abre sus puertas para acceder a su derecho a disponer de unos ingresos mínimos. «Ahora, no podemos permitir que las desigualdades, la exclusión y la falta de oportunidades se instalen en nuestra sociedad», ha animado Torres.
«La sociedad vasca evoluciona hacia un bienestar creciente para la mayoría de la población (92,1%) pero hay un sector (7,9%) que no disfruta de ese bienestar y permanece sistemáticamente en peores condiciones de vida. Es decir, la brecha de desigualdades entre la mayoría de la población y la minoría que está en situación de pobreza y exclusión, entre los que están dentro y los que quedan fuera, parece que se mantiene infranqueable», ha recordado.
«Consenso social y político»
Aunque no sólo sucede en Euskadi y es un fenómeno global, Mikel Torres considera que esta fractura «es motivo de preocupación y de alerta». Por lo que «es imprescindible mantener la cuestión en la agenda política. Una sociedad que se precie de justa y democrática no puede florecer ni progresar si una parte de la ciudadanía, aunque sea una minoría, vive en la pobreza», ha añadido. Y ha pedido en sede parlamentaria «reafirmar nuestro compromiso y buscar un renovado consenso social y político».
En un «contexto reaccionario» en gran parte del mundo y especialmente en Europa, recordó que «la finalidad esencial de un sistema de garantía de ingresos e inclusión no es dar una paga mensual, sino que es contribuir al empoderamiento de las personas que están en situación de pobreza, dotarles de recursos y de capacidades para que puedan llevar adelante sus proyectos de vida, aportar a la sociedad y sentirse útiles, recibir la consideración social, y desarrollarse plenamente como personas». Y ha pedido en sede parlamentaria «que nadie se equivoque o lo utilice interesadamente para criminalizar la pobreza».
Torres ha animado a buscar «el mejor modelo de inclusión» con el objetivo de poder «ofrecer oportunidades para que todas las personas tengan opciones de mejorar sus condiciones de vida y acceder a un empleo digno que les permita llevar adelante su proyecto de vida». En este sentido, ha recordado que «las nuevas leyes que hemos aprobado y la transformación de Lanbide son proyectos ambiciosos que, sin duda, van a ayudar a mejorar las ratios actuales».
También subrayó la importancia del nuevo sistema de estímulos al empleo, cuya propuesta de nuevo decreto está en tramitación, dirigido a la mejora de empleo de las personas que complementan su salario con la Renta de Garantía de Ingresos, de modo que facilite el tránsito al empleo de las personas perceptoras de prestaciones, especialmente de aquellas que tienen más dificultades para ello, como las familias de mayor tamaño y las familias monoparentales.
