La ministra de Igualdad aplaude la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Fotografía de familia tras la aprobación de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aplaudido la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Pleno del Congreso de los Diputados.
«Somos conscientes de las dificultades, pero también de que el acuerdo es el primer paso al que debe seguir un trabajo transversal y sistemático para implementar con medidas legislativas e institucionales y con nuevos recursos el mandato que surge hoy del Congreso. A esta noble misión nos vamos a emplear con determinación, convenidas de que debemos a las generaciones presentes y futuras una sociedad libre de violencias machistas», ha destacado la ministra.
Ana Redondo ha comenzado su intervención previa a la votación agradeciendo a las diputadas y diputados «que han hecho posible este gran acuerdo con su trabajo, inteligencia, su empatía, responsabilidad y altura de miras para aparcar las diferencias que hemos visto en esta sesión y situarse con perspectiva histórica a la altura de la encrucijada que nos ha tocado vivir».
La ministra ha hecho hincapié en el acuerdo alcanzado. «Los grandes consensos han ido imprescindibles para transformar la sociedad patriarcal y machista en una sociedad democrática, igualitaria y justa. Son acuerdos transformadores, encaminados a conseguir una sociedad más digna, más decente y coherente con los valores que inspiran nuestro orden político, jurídico y social», ha insistido.
El Pacto de Estado amplía las medidas que incluía en 2017, de 290 a 462, e introduce nuevos ejes como son la violencia vicaria, la violencia económica y la digital. Además, se profundiza en otras formas de violencia contra las mujeres ya contempladas en el pacto anterior, como la violencia sexual o la trata con fines de explotación sexual. Y se presta especial atención a las mujeres rurales y a las mujeres con discapacidad.
Por otra parte, cuenta con un compromiso económico firme, un 50% más de dotación económica, hasta alcanzar los 1.500 millones de euros para los próximos cinco años de vigencia. De estos, 160 millones anuales se destinarán a las CCAA (un 60% más que en 2017); 100 millones anuales se destinarán a la Administración General del Estado (20 millones más que en 2017); 40 millones anuales para los ayuntamientos (un 50% más que en 2017) y se establecen nuevas medidas para reforzar la trazabilidad y el control de los fondos.
El Pacto también introduce medidas de reformas legislativas, así como la incorporación de más medidas encaminadas a una mejor y más eficaz coordinación en el proceso de atención a una víctima de violencia.
