El Departamento de Justicia y Derechos Humanos destinará 18 millones de euros en 2025 a la asistencia jurídica gratuita (Consejo de Gobierno 11-02-2025)
- Se persigue la accesibilidad plena a la justicia, que nadie renuncie a defender sus derechos, en este caso por cuestiones económicas
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos destinará este año 18 millones de euros a la prestación del servicio público de asistencia jurídica gratuita para aquellas personas que carezcan de recursos para contratar este servicio.
A propuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el consejo de gobierno ha autorizado hoy un gasto de 18 millones de euros para financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los letrados y letradas de los Colegios Profesionales de la Abogacía y de la Procuraduría de la Comunidad Autónoma del País Vasco en 2025. La justicia gratuita es un derecho constitucional que beneficia mayoritariamente a las personas imputadas, detenidas o presas que carecen de recursos económicos suficientes para contratar los servicios particulares de una persona profesional de la abogacía.
En concreto, los colegios de la abogacía reciben 15,4 millones para financiar el turno de oficio y de guardia y 1,6 millones más para sufragar gastos de funcionamiento. Por su parte, los Colegios de Procuradores recibirán 900.000 euros para el turno de oficio y 200.000 para gastos de funcionamiento. Este ejercicio se ha ampliado el presupuesto en cerca de un millón de euros con respecto a 2024, que ascendió a 17,2 euros.
Garantizar el acceso al servicio público de la Justicia, su accesibilidad plena, es una de las prioridades del Departamento que dirige Maria Jesús San José, y evitar que nadie renuncie a defender sus derechos por cualquier razón, en este caso por cuestiones económicas.
Asimismo, esta actuación viene a cumplir el objetivo recogido en el Programa de Gobierno de la actual legislatura para agilizar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita y dignificar el trabajo que realizan las y los profesionales de la abogacía, la procuraduría y los graduados sociales.
