El Ayuntamiento duplica el porcentaje de gasto ejecutado en contratos reservados a centros de empleo y empresas de inserción en 2024
Sanz, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este jueves
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha sometido a valoración, este jueves, la memoria sobre el grado de cumplimiento del acuerdo adoptado el 21 de diciembre de 2023 que fijó para el año 2024 el porcentaje mínimo de reserva en la contratación municipal para centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción. El seguimiento arroja un resultado satisfactorio que refuerza la contratación pública inclusiva y el fomento del empleo de personas con discapacidad y colectivos con especiales dificultades de empleabilidad, según ha detallado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.
Tras el análisis efectuado a las diferentes magnitudes, se ha constatado el efectivo cumplimiento del porcentaje mínimo fijado del 3,5 % de reserva de contratos socialmente responsables para 2024 aplicable al Ayuntamiento, sus organismos autónomos y las entidades del sector público municipal y que supone un importe de 5,8 millones de euros.
Según la memoria, el porcentaje de gasto finalmente ejecutado en estos contratos socialmente responsables prácticamente se ha duplicado, al alcanzar un volumen de 10,4 millones de euros, lo que eleva el porcentaje de ejecución real al 6,25 %.
El gasto se ha ejecutado a través de un total de 48 contratos, de los que 32 se han formalizado con centros especiales de empleo de iniciativa social y 16 con empresas de inserción. Por organismos contratantes, 21 de los contratos corresponden a las áreas de Gobierno, 19 son de distritos, siete han sido ejecutados por empresas del sector público y uno por organismos autónomos municipales.
El sector que más contratos ha absorbido en 2024, copando 18 de los 48 formalizados, es el de trabajos administrativos de auxiliares de información, conserjería y archivo de expedientes.
Incremento sostenido en el pasado mandato
Cumpliendo el compromiso del equipo de Gobierno municipal con el fomento del empleo inclusivo, el porcentaje reservado a estos contratos y el importe destinado a este propósito muestran un ascenso sostenido en los últimos años. Si en 2021 el porcentaje de reserva se situó en el 2,75 % con 4,35 millones de euros, en 2022, las cifras ascendieron al 3 % y a 5 millones de euros, para alcanzar en 2023 un porcentaje mínimo de reserva del 3,25 % y un montante de 5,4 millones de euros.
Tras fijarse los índices mínimos en el 3,5 % para 2024, traducido en un importe de 5,8 millones de euros, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, aprobó, mediante decreto de 28 de diciembre de 2023 el PRC 2024, permitiendo superar el porcentaje inicial fijado.
En total, desde 2019, los planes de reserva se han ejecutado a través de 322 contratos socialmente responsables en servicios de mantenimiento, limpieza y jardinería; de reparación, mensajería, servicios de imprenta, recogida y reciclaje, control en el acceso a edificios, servicios de lavandería y de hostelería, catering y apoyo nutricional o actividades auxiliares de información.
Ampliación de la reserva al 3,75 % e importe mínimo de 6,2 millones en 2025
Continuando el esfuerzo para fomentar la empleabilidad de colectivos vulnerables, el Ayuntamiento ha ampliado al 3,75 % el porcentaje mínimo reservado a la contratación municipal para centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción para 2025, con un importe de 6,2 millones de euros de salida.
Asimismo, el decreto de la delegada económica municipal de 27 de diciembre de 2024, por el que se ha aprobado el Plan Municipal de Reserva de la Contratación para 2025, contempla una estimación de reserva de 10,1 millones de euros en un total de 52 contratos, por lo que se estima garantizado el porcentaje mínimo de reserva fijado por la Junta de Gobierno para este 2025.
Centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción
Los centros especiales de empleo de iniciativa social son aquellos organismos con un mínimo del 70 % de la plantilla formada por personas con discapacidad y que, además, son promovidos y participados en más de un 50 % por una o varias entidades sin ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos. Estos centros están obligados a la reinversión íntegra de sus beneficios en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y en la mejora de su actividad de economía social, además de poder reinvertir en sus propias instalaciones o en otras análogas.
Las empresas de inserción, por su parte, se definen como aquellas sociedades mercantiles o cooperativas que se dedican a la producción de bienes y servicios cuyo objeto social tiene como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario y que, además, estén promovidas o participadas por entidades sin ánimo de lucro, mantengan anualmente un porcentaje mínimo estipulado de trabajadores en proceso de inserción y apliquen, al menos, el 80 % de sus resultados en mejorar o ampliar sus estructuras productivas y de inserción./
