Canarias aumenta un 156% la nómina de ayudas a la Dependencia en los primeros 17 meses de legislatura
El esfuerzo del Gobierno ha ido dirigido a que más personas tengan la ayuda que les corresponde por derecho y a incluir sin demora en el sistema a quienes la solicitan
La nómina que pagó el Gobierno de Canarias por prestaciones totales en el mes de diciembre de 2024 superó los 12,3 millones de euros, con los que se realizó la cobertura de ayuda del Sistema de Atención a la Dependencia de 28.997 personas en el Archipiélago. En julio de 2023, este importe era de 7.9 millones de euros, lo que supone un aumento del 156% en tan solo 17 meses de legislatura. Son datos que certifica el IMSERSO, ya que a partir de ese desembolso el Estado tiene que ingresar el importe del nivel mínimo de protección garantizada, que en diciembre fue de 5.983.651,13 €. El resto corre a cargo de fondos propios de la Comunidad Autónoma.
Si en lugar de prestaciones hablamos de personas, comparativamente, en julio de 2019 había 13.418 personas atendidas, y en julio de 2023, tras toda la legislatura anterior, este número había aumentado en 8.376 personas, con una nómina certificada para 21.794 personas. Solo hace falta una resta simple para darse cuenta de que, en los últimos 17 meses, Canarias ha incrementado el número de personas a las que atiende el sistema -y reciben prestaciones de diferente naturaleza- en 7.203 personas, casi tantas como en toda la legislatura anterior.
Se hace necesaria la comparativa con la anterior legislatura tras las graves acusaciones del grupo político socialista a esta Consejería de ocultar datos -los datos son públicos- y mentir. Hay que recordar que una sola persona puede recibir varias ayudas y que, según el informe del IMSERSO, disponible en su página web, a 31 de diciembre de 2024, se otorgaban 62.165 prestaciones, 16.208 más que en el mismo mes de 2023.
La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, recuerda que “la gestión de los expedientes y la atención a las personas no las hace esta directora, sino el personal de la Dirección General, a quienes se hurta el mérito de formar parte del equipo que está mejorando por fin la atención a la Dependencia. No son datos triunfalistas, solo constatamos una situación real que significa que se está atendiendo a muchas personas que esperaban a recibir esta ayuda. No es menos cierto que todavía nos queda mucho para alcanzar el nivel deseado, pero es buena muestra de que seguimos trabajando para tener en cuenta a las personas y atenderlas lo más diligentemente posible. El nuevo decreto de reconocimiento de la situación de dependencia nos puede ayudar aún más a desatascar un tapón que sí que puede existir en el trámite de los Planes Individuales de Atención, pero que una persona tenga su PIA no significa que reciba una ayuda, sino que es un trámite administrativo más para acercarse a ella. También estamos haciendo muchas más revisiones de grado, que son imprescindibles para atender casos de deterioro que supongan que el PIA de la persona debe cambiar y proponer nuevos importes o nuevos servicios”.
Sobre el número de expedientes grabados (el número de solicitudes que entran en el sistema), la directora afirma que “es cierto, nosotros no tenemos miedo a incrementar esa la lista de espera. Lo que tenemos que hacer es ser transparentes y no guardar expedientes en los cajones para que parezca que la lista no crece. Ya hemos explicado la importancia de que los expedientes se graben diligentemente, tanto de iniciación como de revisión. Es un derecho ciudadano, ya que, una vez que se registra, si esa solicitud resulta en una declaración de grado de dependencia, ha generado un derecho de ayuda a partir del sexto mes. Ocurre que el equipo de gobierno anterior se cuidó muy mucho de grabar expedientes para no aumentar la lista de espera, y se encontraron más de 8.000 en los cajones sin tramitar, hurtando los derechos retroactivos que se hubiesen generado para los ciudadanos que no tenían su expediente tramitado”.