Las instituciones vascas piden un reparto equilibrado de menores sin referentes familiares entre las comunidades autónomas para ofrecerles una mejor atención, ya que son un colectivo desprotegido

• Euskadi reclama que se la considere ‘Frontera Norte’ y una mayor dotación económica dirigida a los recursos para atender con calidad a las personas en tránsito
• El Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales comparten criterio en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia e insisten en solicitar un plan de contingencia y corresponsabilidad
• La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha señalado que es momento de “dejar de hablar de discursos solidarios y empezar a ejercer la corresponsabilidad”

El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de los tres territorios históricos han reclamado hoy en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un reparto equilibrado de menores sin referentes familiares entre las comunidades autónomas para ofrecerles una mejor atención, ya que son un colectivo desprotegido.

Tras Canarias, Ceuta y Melilla, Euskadi es la cuarta comunidad autónoma que acoge a un mayor número de menores sin referentes familiares, más incluso en proporción que comunidades como Madrid o Cataluña. La postura del Gobierno Vasco y de las tres Diputaciones Forales, competentes en materia de protección a la infancia, es común. Las instituciones vascas abogan por atender las necesidades del fenómeno migratorio desde la corresponsabilidad de todas las partes, incluido el propio Gobierno de España.

Las instituciones vascas abogan igualmente porque Euskadi sea considerada ‘Frontera Norte’. Al igual que sucede con las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, la ‘Frontera Sur’, Euskadi concentra el tránsito hacia Europa, por lo que su situación no es la misma que otras comunidades autónomas. Esa consideración de ‘Frontera Norte’ que las instituciones vascas reclaman debiera ir acompañada de una mayor dotación económica dirigida a los recursos vascos para, con ello, atender con calidad a las personas en tránsito. Más si cabe desde el pasado 1 de noviembre, cuándo el estado francés cerró la frontera entre España y Francia dejando sin derechos de circulación y tránsito seguro.

En la reunión celebrada hoy, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha vuelto a manifestar que el fenómeno migratorio, también de personas menores, “es una realidad estructural y no coyuntural” por lo que requiere planificar y articular un plan de contingencia estructural y corresponsable. “Dejemos de hablar de discursos solidarios y empecemos a ejercer la corresponsabilidad todas las comunidades autónomas para abordar esta crisis humanitaria” ha insistido.

Ya el pasado mes de julio, cuando se celebró la última Conferencia Sectorial, el Gobierno Vasco salió preocupado. Euskadi reclamó medidas estructurales exigiendo la necesidad de que se articulara un Plan de Contingencia que incluyera una planificación, una previsión de diferentes escenarios, unos indicadores que permitieran una evaluación y mejora continua de dicho Plan y una memoria económica.

Desde el punto de vista económico- laboral, las instituciones vascas consideran que se requiere la transferencia de la competencia de la concesión de las autorizaciones iniciales de trabajo para las personas extranjeras.

Además, es preciso identificar y trabajar con las asociaciones empresariales, educativas (FP básicas), y agencias de cooperación (acción exterior) en los países de origen de las personas jóvenes sin referentes familiares. “Se trata de generar itinerarios y capacitación en origen para garantizar en el futuro una inserción laboral digna en una lógica win-win”.

Euskadi considera asimismo que la Administración General del Estado conozca en profundidad los flujos reales y los factores que los explican e intervenga sobre ellos, de manera planificada, en coordinación y colaboración con quienes tienen las competencias vinculadas a la acogida y los procesos de inclusión social.

También es necesario establecer canales de información y coordinación y protocolos con la Fiscalía para agilizar la identificación de personas sin referentes familiares y conocer así si son o no menores de edad.