La Dirección de Justicia estudia las medidas solicitadas por el Juzgado en relación al centro de Zaballa

• Vigilancia Penitenciaria deduce testimonio al Juzgado de Guardia por si pudiera haber una huelga encubierta constitutiva de delito

La Dirección de Justicia del Gobierno vasco comenzará a estudiar las medidas de carácter disciplinario solicitadas con urgencia por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao ante la situación generada en el Centro Penitenciario de Araba, con incremento de las incapacidades laborales que están obligando a la suspensión de servicios básicos que afectan a derechos fundamentales de la población reclusa. El mismo Juzgado deduce testimonio de las actuaciones al Juzgado de guardia de Vitoria-Gasteiz para que investigue estos hechos por si pudieran ser constitutivos de delito.

El auto recibido esta mañana por la Dirección de Justicia recoge los diversos informes realizados por el director del Centro para dar cuenta de la carencia de recursos humanos por causas sobrevenidas, que han supuesto el cierre de los servicios, el previsible cierre inminente de los talleres, así como la suspensión de las comunicaciones de las personas internas con sus familiares y sus abogados. A instancias del Juzgado, el director informó que no hay ninguna convocatoria de huelga, pero sí “una comunicación verbal, consensuada por el conjunto de la plantilla de trabajadores/as, en el sentido de cesar en su disponibilidad para realizar las horas extras requeridas para la cobertura de los servicios prestados en el centro penitenciario de forma ordinaria, en el contexto de la negociación de sus condiciones laborales”.

A esta comunicación se suma que a lo largo del mes de diciembre se ha producido un incremento de las incapacidades laborales, continuadas y masivas, hasta 73 desde el 4 de diciembre, lo que ha obligado a adoptar medidas provisionales de suspensión de permisos y realización de horas extras, según lo previsto en el artículo 286 del Reglamento Penitenciario. “En todos los casos con una premisa básica: priorizar la cobertura de los servicios orientados a garantizar la seguridad de las personas (población interna, profesionales penitenciarios, profesionales sanitarios y trabajadores del Tercer sector), conforme a unos parámetros situados en su mínima expresión”, se informa expresamente al Juzgado.

Medidas de urgencia

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria considera que la situación es “preocupante, insostenible, intolerable y alarmante, concurriendo todos los datos para concluir que se trata de una huelga encubierta” que, añade “ha conllevado que se vean vulnerados los derechos de la población reclusa, por cuanto que hasta la fecha se les está imposibilitando la formación y educación, acudir a talleres y a mantener contacto con el exterior”.

Además, el Juzgado califica de “encomiable, responsable y solidario” el comportamiento de los funcionarios que continúan acudiendo a su puesto de trabajo, pero advierte de que es “insostenible en el tiempo”. Por lo, ante la “urgencia y gravedad de la situación, insta en primer lugar a la Dirección de Justicia a que “de modo inmediato adopte medidas urgentes”, decisión que ya se había puesto en marcha con la activación de las bolsas de trabajo.

Junto a ello, insta a la Dirección de Justicia a que “de modo urgente estudie la posibilidad de adoptar medidas de carácter disciplinario con respecto a los funcionarios penitenciarios que de forma consecutiva, continuada y colectiva presentaron la baja médica desde el día 4 del presente mes”. En este sentido, la Dirección estudia ya esas medidas, con plena salvaguarda del derecho a la salud de las personas trabajadoras.

Por último, el Juzgado de Vigilancia acuerda “deducir testimonio de las actuaciones al Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz para que investigue los hechos denunciados por si pudieran ser constitutivos de ilícito penal”.

Contexto de negociación colectiva

La situación generada en el centro de Araba, inédita hasta ahora, coincide con un momento de negociación colectiva, derivada de la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos de aprobar una RPT, la primera tras tres años desde la transferencia, que amplía la plantilla en 260 personas para dar solución a la acumulación de horas extras y falta de personal. Este proceso coincide en el tiempo con un concurso de traslados convocado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al que, según los datos facilitados por la propia Secretaría, se habrían apuntado 195 personas que deben tomar una decisión definitiva en las próximas semanas

Esta negociación sigue abierta y con plena voluntad de acuerdo, con propuestas económicas concretas para mejorar los complementos de quienes realizan tareas de especial penosidad, y confiamos en que las propuestas tengan su receptividad en el ámbito competente de función pública. Así se ha trasladado en cada momento, incluida la revisión de la RPT en la medida en que se vaya implantando. Esta negociación se celebra en su ámbito natural, y este Departamento no participará en el debate público de esas condiciones.