Gobierno de Cantabria y letrados judiciales se reúnen para avanzar en la implantación de la nueva oficina judicial y la digitalización de los registros civiles
Urrutia destaca el papel «crucial» de los LAJ para afrontar los retos inmediatos de la justicia
Santander – 11.12.2024
El Gobierno de Cantabria y los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han mantenido una nueva reunión de la Comisión Mixta que ha servido para abordar la elaboración del plan de implantación del nuevo modelo de oficina que introducirá la próxima Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia Judicial, que reforma el modelo judicial de todo el país. Igualmente, se ha avanzado en el proceso de digitalización de los registros civiles de la Comunidad Autónoma, que en enero entrará en una nueva fase con la digitalización y volcado en el sistema de los libros registrales desde 1960.
Esta reunión de la Comisión Mixta ha estado presidida por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), María García Melón, y es la segunda que se celebra este año, dentro del objetivo del Gobierno cántabro de intensificar este tipo de encuentros con todos los colectivos implicados para reforzar la coordinación de las medidas de mejora en la Administración de Justicia.
Urrutia ha destacado el papel «crucial» que tendrán los LAJ para afrontar los retos de la Administración de Justicia en Cantabria, como son la reforma dirigida a mejorar la eficiencia de la justicia y a implantar un nuevo modelo de oficina.
Según ha apuntado la consejera de Justicia, el 1 de julio de 2025 las nuevas oficinas judiciales deberán estar implantadas en todos los partidos judiciales, excepto en Santander, lo que se producirá, en este último caso, el 31 de diciembre de 2025. Hasta entonces, se tendrán que aprobar las correspondientes relaciones de puestos de trabajo y se constituirán los tribunales de instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, ha explicado Urrutia.
«Este desafío también afectará de manera importante a los letrados de la Administración de Justicia, que estarán llamados a dirigir los servicios comunes de los juzgados que se constituyan», ha explicado la consejera.
En este sentido, ha avanzado que su departamento y la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) comenzarán en enero a «trazar» un plan de implantación de esta reforma, que exigirá, según ha recordado, más dotaciones económicas y medios.
En este asunto, Urrutia ha insistido en pedir al Ministerio un esfuerzo de financiación y medios. La financiación de esta reforma «no puede recaer solo en las comunidades autónomas», ha reclamado la consejera, quien también ha lamentado la falta de apoyo técnico del Ministerio para la gestión de los cambios judiciales.
Registros civiles
Por otro lado, la Comisión Mixta ha analizado la marcha de los trabajos del plan de digitalización de los registros civiles en Cantabria. El nuevo modelo ya se encuentra operativo en seis de los ocho partidos judiciales de Cantabria, que hacen un total de 71 municipios.
Actualmente, en los partidos judiciales de Reinosa y Medio Cudeyo se encuentra en fase de ejecución, un nuevo sistema que afecta también a los juzgados de paz gestionados desde los municipios. La previsión es concluir su implantación definitiva en todo el territorio regional a mediados de enero de 2025.
A partir de esta fecha, según se ha puesto de manifiesto en la reunión, el Ejecutivo comenzará los trabajos de digitalización de los libros registrales desde 1960, la extracción de los metadatos y su volcado en el sistema, un proceso que se prevé completar a finales de 2025 en toda la Comunidad Autónoma gracias a la financiación de la UE, a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Igualmente, el Gobierno cántabro adquirirá el equipamiento necesario para las Oficinas Generales del Registro Civil y el programa informático para el funcionamiento de las 24 Oficinas de Justicia en los municipios con personal de justicia que, a su vez, prestarán servicio como oficinas colaboradoras del Registro Civil.
Por último, durante este encuentro se ha analizado el proceso de modificación de distintas ordenes autonómicas que afectan al personal de justicia (nombramientos de interinos, regulación de las comisiones de servicio y sustituciones, horario, permisos y vacaciones) y otras mejoras relativas al sistema de gestión procesal Vereda y de reforma de instalaciones judiciales.
