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El Gobierno regional demanda financiación para las modificaciones que el sector pesquero tendrá que acometer en 2025 para mantener sus días de faena

18/12/2024

El Gobierno regional demanda financiación para las modificaciones que el sector pesquero tendrá que acometer en 2025 para mantener sus días de faena

El presidente López Miras traslada el apoyo del Ejecutivo regional a los representantes de las cofradías de pescadores de Águilas, Cartagena, San Pedro del Pinatar y Mazarrón, y a la Federación de Cofradías

Se pide el incremento de las medidas compensatorias por lucro cesante, la financiación del cien por cien de todas las inversiones que tengan que afrontar los pescadores y que se activen las paralizaciones definitivas para los pescadores que deseen jubilarse

Imagen del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, junto a la consejera Sara Rubira durante la reunión que se ha celebrado con las...

Imagen del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, junto a la consejera Sara Rubira durante la reunión que se ha celebrado con las cuatro Cofradías de Pescadores de la Región para analizar la situación de la pesca de arrastre. 

El Gobierno regional demandó hoy al Gobierno de España y a la Unión Europea la financiación de las modificaciones que el sector pesquero deberá acometer el próximo año para mantener sus días de faena, tras el reciente acuerdo de las cuotas de pesca en el Mediterráneo para 2025. 

Así se desprendió de la reunión con representantes de las cofradías de pescadores de Águilas, Cartagena, San Pedro del Pinatar y Mazarrón, y con la Federación de Cofradías de Pescadores de la Región, en la que el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, trasladó el apoyo del Gobierno regional.

“El sector pesquero atraviesa un momento de incertidumbre, indignación y desamparo ante el devenir de las políticas comunitarias que afectan directamente a su trabajo”, lamentó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, “cuando lo único que ellos piden es trabajar dignamente, sin incertidumbres ni miedos, garantizando el futuro del sector y de las familias que viven de él”.

La consejera recordó que “el pasado martes por la noche los ministros de pesca de la UE definieron la pesca en Europa para el año 2025 con un recorte de 130 a 27 en los días de faena, que se suma a que desde 2020 se han perdido una media de más de 100 días de pesca para la flota de la Región de Murcia”.

Un acuerdo que recoge una serie de medidas, digamos compensatorias, que si los pescadores cumplen les podría permitir mantenerse en los 130 días actuales, “o lo que es lo mismo, para poder hacer en 2025 lo mismo que en 2024, tienen que cambiar la forma en la que pescan, y eso conlleva nuevas inversiones”, reconoció Rubira. 

Ante esta situación, “hemos pedido al Gobierno de España que valore los esfuerzos que los pescadores han realizado en los últimos años y que se ponga sobre la mesa la financiación necesaria para que no tengan que asumir los costes de estas nuevas e injustas decisiones”. 

Entre las demandas trasladadas al Ministerio destacan el incremento de las medidas compensatorias por lucro cesante; que se lleve a cabo la financiación del cien por cien de todas las inversiones que tengan que afrontar los pescadores; y que se activen las paralizaciones definitivas para aquellos pescadores que quieran jubilarse y se les compense por la anulación de esa licencia de pesca.

La consejera añadió que “el presidente les ha trasladado su absoluto respaldo y defensa para conseguir frenar los permanentes recortes que vienen sufriendo, para que puedan trabajar, y les ha reiterado el apoyo del Gobierno regional ante las instituciones nacionales y europeas para conseguir un cambio de rumbo en las políticas pesqueras”.

Cabe recordar que sólo en la Región de Murcia podrían desaparecer los 22 barcos de arrastre y se perderían 120 empleos directos de aplicarse los recortes de 130 a 27 días. Se verían afectadas hasta 400 familias, así como las cuatro cofradías de pescadores existentes que perderían el 80 por ciento de los ingresos, por lo que tendrían que reducir sustancialmente su actividad.

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