El Gobierno destina dos millones de euros para aumentar un 10% de la producción de agua en Lanzarote
La subvención al Consejo Insular permitirá la compra de elementos destinados a las desaladoras de Janubio y Díaz Rijo
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria de dos millones de euros destinada al aumento de la producción de agua en Lanzarote. El expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, permitirá al Consejo Insular de Aguas de la isla ampliar en más de un 10% la capacidad de las desaladoras de Janubio y Díaz Rijo. El titular de este departamento, Manuel Miranda, ha explicado que “esta financiación extraordinaria es una muestra más del compromiso del Ejecutivo autonómico con el Gobierno de la isla para mitigar los problemas de abastecimiento que padece hace años”.
El proyecto subvencionado supondrá la adquisición de 3.200 unidades de membranas de ósmosis inversa para aumentar la eficacia de ambas instalaciones, y su plazo de ejecución será de 5 meses, una vez se formalice la contratación por parte del Consejo Insular.
Manuel Miranda ha recordado que cuando el actual Gobierno de Canarias tomó posesión, en verano de 2023, Lanzarote arrastraba un déficit tanto en capacidad de abastecimiento de agua como en planificación. “En septiembre de 2023 se dio traslado de dos plantas desaladoras portátiles a la isla y, además, asumimos la redacción y tramitación del tercer ciclo del plan hidrológico, que por aquel entonces acumulaba dos años de retraso”, ha explicado. Un año después, en agosto de 2024, el Gobierno aprobó este documento que recogía las necesidades totales de la isla en materia de aguas, 202 medidas por importe de 298 millones de euros.
Manuel Miranda ha valorado muy positivamente la declaración de emergencia hídrica en Lanzarote formalizada estos días por su consejo insular de aguas, que “permitirá a su Cabildo tramitar las inversiones necesarias en esta materia de manera más ágil y efectiva”.
El consejero ha recordado que, junto a la modificación presupuestaria aprobada hoy, el Ejecutivo autonómico gestiona en la actualidad “más de 15 millones de euros en cuatro proyectos clave para el futuro del ciclo del agua en la isla”. Manuel Miranda ha explicado que ya hay 2,6 millones de euros entre 2024 y 2025 que se destinarán al “impulso del saneamiento y abastecimiento de La Graciosa, bloqueados durante los últimos cuatro años y que ya cuentan con los trámites para la redacción de sus proyectos e inicio de las obras el año próximo”.
Además, ha explicado que la obra en la línea 1 de abastecimiento, que une el centro y el norte de la isla, concluirá el próximo verano, después de superar diversos problemas de instalaciones energéticas y de limpieza de las canalizaciones que han obligado a redactar un modificado. A este proyecto, que beneficiará principalmente al sector primario de la zona norte de Lanzarote, se destinan en 2025 un total de 620.000 euros.
El Gobierno de Canarias también gestiona un proyecto de 10 millones de euros que supondrá en 2026 la ampliación de la depuradora de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza. El pasado 30 de agosto el Ejecutivo asumió la gestión e impulso de este proyecto que es clave en la mejora de la depuración y el tratamiento de aguas residuales en esta zona de la isla.
Obras de interés general en Lanzarote
Manuel Miranda ha recordado que el Gobierno de Canarias ha hecho suyas las propuestas de los consejos insulares para la declaración de obras de interés general, que formarán parte de la negociación de un futuro convenio con el Estado. En el caso de Lanzarote, se trata de seis medidas estratégicas por importe de 69 millones de euros “para mejorar el abastecimiento a la población, la protección frente a inundaciones, el saneamiento y depuración y el suministro al sector primario”.
El consejero ha reiterado que Canarias “no puede afrontar en solitario la puesta al día del ciclo del agua, que ha sufrido años de parálisis, tanto en términos de planificación como de inversión por parte del Estado”. Manuel Miranda ha recordado que el Gobierno de España está “obligado por el Estatuto de Autonomía y las leyes de aguas autonómica y estatal a asumir dichas obras de interés general y financiarlas a través de los Presupuestos Generales del Estado”.
