El comité de expertos de Juventud e Infancia propone 107 medidas para crear entornos digitales seguros

Madrid, 3 de diciembre de 2024.– El Consejo de Ministros ha recibido hoy el informe encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia a un comité de 50 personas expertas independientes con el objetivo de diseñar una hoja de ruta que promueva entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

El informe incluye un amplio diagnóstico de 150 páginas sobre el impacto de las tecnologías en las personas menores de edad, en el que se analiza, entre otras, la responsabilidad de la industria, la exposición de los niños y niñas en las redes sociales, el papel de las familias y otros actores de la sociedad, y las herramientas de protección.

Además, el comité plantea 107 medidas al Gobierno para su estudio, agrupadas en tres bloques temporales de implantación (corto, medio y largo plazo). El objetivo es que las Administraciones Públicas garanticen un marco de prevención, detección precoz y protección frente a una posible vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia.

En paralelo a la elaboración del informe, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el pasado mes de junio el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, con el objetivo de adelantar las iniciativas que fueran posibles. 35 de las 107 medidas del informe que hoy se presenta ya formaban parte del citado Anteproyecto de Ley Orgánica (sistemas de verificación de la edad o control parental, entre otros). El Ministerio de Juventud e Infancia estudiará el resto de propuestas de cara a su posible incorporación en el trámite del texto o a través de las iniciativas correspondientes.

El ministerio impulsará también una Estrategia Nacional que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes y les permita disfrutar de los beneficios de la tecnología, garantizándoles una navegación segura en la red, priorizando la defensa de sus derechos y ofreciéndoles la posibilidad de participar en la toma de decisiones.

El informe –elaborado de forma altruista, sin coste para la Administración y de forma totalmente independiente por parte de las personas expertas– dota a España por primera vez de un análisis de gran envergadura, que posiciona al Gobierno como un referente mundial en la protección integral de las personas menores de edad en el ámbito digital.

Garantías, protección y derechos

Además del impulso normativo, el informe plantea también recomendaciones a las familias, como las relativas a la protección de niñas y niños de los dispositivos digitales en función de su edad. De este modo, las expertas y expertos plantean “un acceso gradual, lo más seguro, respetuoso con sus derechos de privacidad e intimidad y educativo posible, y adaptado al nivel de madurez y capacidad progresiva”. Las recomendaciones del comité para los distintos tramos de edad son las siguientes:

• De 0 a 3 años: No exponer a los niños y niñas a los dispositivos digitales.
• De 3 a 6 años: Desaconsejar el uso de dispositivos digitales. Como excepción, en caso de necesidad y de forma puntual y bajo la supervisión de un adulto, se puede permitir, con el objetivo de mantener un contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial.
• Hasta los 6 años: Se aconseja limitar el uso de dispositivos digitales por los adultos en presencia de menores.
• De 6 a 12 años: Se limita el uso de los dispositivos con acceso a Internet y se recomienda priorizar actividades vivenciales, deportivas, en contacto con la naturaleza y el entorno físico y presencial. Si se decide utilizar un dispositivo, bajo la supervisión de un adulto y para acceder puntualmente y con límites prefijados únicamente a contenidos adaptados a sus edades y capacidad.
• De 12 a 16 años: Si se decide permitir el acceso a dispositivos digitales, y como medidas de protección, es esencial instalar herramientas de control parental que permitan evitar el acceso a contenidos inadecuados, así como gestionar el tiempo de exposición, garantizando la adopción de medidas de seguridad y de configuración de la privacidad que todo dispositivo digital tiene.
• De 12 a 16 años: Priorizar el uso de teléfonos analógicos (de sólo llamada), sin acceso a internet, si se estima que son necesarios. Retrasar la edad del primer móvil inteligente (con conexión a internet) lo máximo posible. Si las familias deciden la entrega de un móvil inteligente antes de los 16 años, utilizar el control parental para limitar y monitorear el acceso a los contenidos y el tiempo de uso.

El informe plantea a su vez medidas de regulación dirigidas al sector de la industria, asumiendo que la autorregulación del sector es insuficiente. En este apartado, destaca propuestas como la configuración por defecto de espacios seguros digitales (control parental) o la obligatoriedad de advertir en el etiquetado de los dispositivos de los riesgos que su uso tiene para la salud, y de elaborar informes de impacto de dichos productos. Además, añade la importancia de reforzar los mecanismos de denuncia y bloqueo, responsabilidad de la industria.

En el ámbito educativo, los expertos instan a la regulación del uso de los dispositivos en los centros educativos. En este apartado, diferencian entre los de uso privado del alumnado (no permitidos en educación infantil y primaria, y limitados como herramientas pedagógicas en secundaria) y los de los propios centros. En estos últimos, se plantea la revisión contrastada de las aplicaciones, la eliminación de los sistemas de gratificación inmediata o el establecimiento de límites por edad, entre otros.

Respecto a la protección de los derechos de las personas más vulnerables (niñas, niños y adolescentes), el comité plantea la regulación de las personas creadoras de contenido –incluyendo los kids influencers– y aboga por la “prohibición expresa de exponer a personas menores de edad en el contenido objeto de su actividad en la red”, independientemente de que esta actividad genere ingresos económicos directa o indirectamente. En este apartado, el comité insta especialmente a regular la práctica del sharenting con menores por parte de personas creadoras de contenido o influencers.

Además, las expertas y expertos desarrollan en su documento la importancia de ampliar los estudios, las investigaciones y la evaluación de los efectos de los sistemas tecnológicos en la infancia, así como de promover campañas de sensibilización educativa, sanitaria y de participación.

Otro de los pilares del informe del comité es el plan de Alfabetización Mediática e Informacional, promovido activamente desde hace 10 años por la Unesco, con el objetivo de dotar a niñas, niños y adolescentes de las destrezas y herramientas necesarias para no estar desprotegidos en los espacios digitales.

Seis grupos de trabajo

El comité, formado por 50 personas independientes y de referencia en diversos ámbitos, está presidido por la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero, y se estructura en seis grupos de trabajo (Salud, Educación, Privacidad, Industria y Consumo, Derechos, Participación y Pornografía/Violencia Sexual), con una presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

El grupo ha contado con representación del Plataforma de Organizaciones de Infancia, UNICEF, Save The Children, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, Asociación Española de Pediatría, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

También han estado presentes las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos y las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal, además de especialistas en las áreas de la pediatría, la psicología, la igualdad de género y la protección de la salud mental, así como juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud.