Zapata: “El tasazo de residuos es un ataque a la autonomía municipal y un nuevo perjuicio para los ciudadanos”

El consejero de Transición Ecológica y Energía ha valorado en el pleno del Parlamento de Canarias la nueva tasa de basuras, aplicable a partir del próximo 10 de abril de 2025 e impuesta por el Gobierno central

A través de ella, los Ayuntamientos tendrán la obligación de establecer una tasa que obligará a los ciudadanos a pagar el 100% del coste de la recogida y tratamiento de sus residuos

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, ha intervenido hoy en el pleno del Parlamento de Canarias para valorar la nueva tasa de basura que deberán aplicar todos los ayuntamientos de Canarias y el resto de municipios de España a partir de 2025.

Según ha explicado el consejero, desde el próximo 10 de abril, “el Gobierno central obligará a todos los ayuntamientos a establecer una tasa de basuras que deberán pagar todos los ciudadanos por el 100% del coste de la recogida y tratamiento de residuos”. Algo que ha calificado como “un ataque a la autonomía municipal y un nuevo perjuicio para los ciudadanos, especialmente para las familias con rentas más bajas”.

“Este nuevo tasazo repercutirá directamente en el bolsillo de los españoles, que deberán pagar la falta de impulso de inversiones en infraestructuras de tratamiento de residuos”. Frente a eso, argumentó Zapata “el Gobierno del Estado prefiere la vía del tasazo a cualquier otra que permite la Directiva Europea”.

El consejero detalló que muchos ayuntamientos vienen financiando en parte o en su totalidad el servicio de basuras, al incluirlo en los presupuestos municipales, pero que ahora  no podrán hacerlo.  Según expuso, actualmente la tasa media de basuras cubre solo el 60% del coste total de la gestión de residuos, que asciende a unos 3.800 millones de euros anuales en toda España, por lo que “los ayuntamientos deberán ajustar la tasa para cubrir el coste completo, lo que implica un aumento significativo del recibo para el ciudadano”.

Además, en el caso de aquellos ayuntamientos que cubrían ese servicio a través de otro impuesto como el IBI, “ya no podrán aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos con los recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal”, lo que el consejero califica como “una clara invasión de las competencias locales y una falta de respeto a la política municipal”

Según  Zapata, todo ello tiene como resultado una desincentivación del reciclaje, ya que “si cada inversión que se quiere realizar en la gestión de residuos municipales tiene que ser repercutida al ciudadano, dejarán de hacerse para no incrementar la factura a pagar por los vecinos”, afirmando además que “el tasazo es un paso atrás en el cumplimiento de los objetivos de la economía circular”.

Finalmente, el consejero hizo hincapié en que la regulación sobre la tasa de basuras es mínima e ineficiente, “lo que conllevará a una inseguridad jurídica importante para los ayuntamientos”, tal y como ya han afirmado también la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) y la Federación Española de Municipios y Provincias.