La consejera San José destaca el impulso que tendrá la estrategia de modernización de la Justicia en Euskadi con las nuevas leyes
- Valora el esfuerzo del Ministerio por sacar adelante la nueva normativa marco para garantizar la igualdad y la accesibilidad, compromisos del Gobierno vasco en esta legislatura
La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha destacado hoy que las reformas legales a punto de culminarse en las Cortes van a suponer un impulso del vigente Plan Estratégico de la Justicia de Euskadi para avanzar en la modernización, la igualdad y la accesibilidad de la ciudadanía a este servicio público.
Durante su participación en la Conferencia sectorial que se celebra en Córdoba, bajo la presidencia del ministro Félix Bolaños, la consejera ha recordado que ya en su anterior mandato diseñó el vigente Plan Estratégico 2022-2028 como una “hoja de ruta de medio plazo, que está en plena ejecución, que nos corresponderá culminar en este mandato, y para el que las reformas legales que están a punto de materializarse van a suponer el impulso definitivo”.
San José ha explicado que precisamente la nueva legislatura vasca se ha fijado como objetivo el avance en la modernización, la igualdad y la accesibilidad de la ciudadanía al servicio público, un concepto que ha reivindicado expresamente, y que parte de ubicar a las personas en el centro de las decisiones. Esta idea, ha expuesto, “enlaza con los objetivos marcados por la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, ya aprobada, y la Ley Orgánica de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que está en sus últimos pasos antes de aprobarse definitivamente por las Cortes”.
“El salto que nos queda por dar es, precisamente, ese concepto de Servicio Público que reivindico. Sólo los servicios públicos garantizan derechos y nos hacen más iguales, y estas dos Leyes nos permiten dar ese nuevo impulso. Porque los poderes públicos sabemos que están llamados a remover las circunstancias que dificultan la igualdad de los ciudadanos; una justicia inaccesible, por las dificultades de lenguaje, tecnológicas, físicas, no cumple su deber de resolver los conflictos. Y el Servicio Público de Justicia no debe añadir dificultades a sus usuarios. No debe representar una agresión añadida a las circunstancias de por sí ya complicadas que motivan el acceso a la misma”, ha explicado.
Justicia moderna y accesible
En este sentido, y tal como ha venido detallando ya ante el Parlamento vasco, ha defendido soluciones terapéuticas, que no añadan daño al conflicto, y alternativas a la judicialización de la vida. “La Justicia, en cualquiera de sus formas, tiene que conseguir restañar las heridas y componer los intereses en conflicto”, ha resumido la consejera.
Por ello, San José ha insistido en la Justicia accesible, que avance en sostenibilidad, digitalización, mejora de tiempos de respuesta, comprensibilidad, en la promoción de una justicia restaurativa con medios adecuados a la solución de controversias, y que trabaje por la innovación de forma colaborativa, garantizando la tutela judicial efectiva. “Un servicio enmarcado en una política integral de reparación del daño causado”, ha añadido.
Precisamente, y en lo que respecta a la digitalización, la consejera ha dado cuenta del logro conseguido por Euskadi ayer mismo al lograr la interoperabilidad plena con el Tribunal Supremo de un expediente judicial electrónico, “siendo la primera comunidad que lo hace en modo real y que supone recortar 6 meses el plazo habitual”. En este sentido, y dado que ese nuevo modelo se va a tener que implantar en todo el Estado, San José se ha ofrecido “al Ministerio y a las CCAA para poder aportar nuestro conocimiento y experiencia en su adaptación territorial. Sabemos que el camino no es fácil, no fue para nosotros, por eso es necesaria más que nunca la cogobernanza y la colaboración y coordinación”.
Asimismo, la consejera, que ha explicado que el nuevo modelo derivado de la Ley de Eficiencia está prácticamente implantado en Euskadi con la Nueva Oficina Judicial, excepto en Bilbao, ha indicado que la nueva organización judicial, con la creación de los tribunales de Instancia, puede agilizar la tramitación de asuntos y acelerar los tiempos de respuesta. También permitirá una mayor especialización con la creación de secciones de violencia contra la infancia, siguiendo las pautas que ya se aplican en los de violencia contra la mujer. Y la creación de la oficina de justicia municipal no integrada en la oficina judicial podrá ofrecer más cercanía, al favorecer la gestión y tramitación de determinados asuntos en los lugares donde no haya partido judicial.
Con respecto a la Ley del Derecho a la Defensa, regula el derecho a recibir asistencia a todas las personas, también a las acusadas o investigadas que tengan alguna discapacidad, y los derechos a la información, el lenguaje claro, al acceso al formato electrónico de los documentos de la Administración de Justicia, a expresarse en el idioma materno o cooficial ante cualquier instancia, entre otros.
Córdoba, 22 de noviembre de 2024
