El impacto económico de la discriminación laboral y educativa hacia la población extranjera en España es de 17.000 millones, un 1,3% del PIB

Este informe del «Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España», que estima en 17.000 millones de euros (un 1,3% del PIB) el coste de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera en nuestro país, tomando como base los datos de 2022, ha sido publicado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El estudio, realizado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid Ramón Mahía y Eva Medina y cofinanciado por la Unión Europea, divide este impacto económico principalmente en el ámbito laboral (12.300 millones de euros o el 1% del PIB) y el educativo (4.800 millones de euros o el 0,36% del PIB). Esta evaluación en términos económicos se apoya, principalmente, en la cuantificación del valor de los salarios que estas personas dejan de percibir por razón de la discriminación.

El Gobierno de España trabaja en la promoción e implementación de diferentes medidas que fomentan la cohesión y la integración de las personas que llegan a nuestro país. Una de las herramientas principales es la aprobación, en los próximos días, de la nueva reforma del Reglamento de Extranjería con el objetivo fundamental de facilitar -con todas las garantías jurídicas- las vías regulares para las personas migrantes y lograr, así, su integración en la sociedad.

«Este estudio evidencia la urgencia de seguir implementando más políticas inclusivas que fomenten la igualdad de oportunidades para todos, aprovechando el talento y la diversidad de la población extranjera en beneficio del conjunto de la sociedad. Por ello, estamos trabajando en una reforma del Reglamento de Extranjería para que todos, sin importar su origen, tengan la oportunidad de contribuir y prosperar», ha señalado la ministra Saiz.

Se trata de un texto normativo «muy dialogado» con entidades sociales, ONG, organizaciones profesionales y administraciones autonómicas y locales. La reforma potenciará las vías de migración legal con «tremendo impacto» en la economía española y el mercado de trabajo, ya que facilitará la incorporación de trabajadores extranjeros.

«Con esta reforma vamos a mejorar las vías de migración regular, ordenada y segura a través de la reducción de plazos y la eliminación de duplicidades procedimentales. De esta forma, cumplimos con el derecho de la UE al transponer varias directivas pendientes y, por supuesto, no dejamos de velar por los derechos humanos de todas las personas que quieren regularizarse en España», ha explicado Saiz.

Sin embargo, también ha destacado que «el camino que está tomando España es el correcto y la prueba son los 2,9 millones de personas de otros países que están cotizando a la Seguridad Social, el 13,6% del total, dos puntos más que en 2022, el año que toma de referencia el informe, y los autónomos y autónomas extranjeros, que ya suponen el 16%.».

Discriminación laboral: afecta de manera significativa a mujeres migrantes

El informe del OBERAXE subraya que, en la actualidad, las desigualdades en el acceso, permanencia y remuneración en el mercado laboral afectan de manera significativa a la población extranjera, especialmente a las mujeres, con un coste total de 12.300 millones de euros.

La tasa de desempleo entre personas extranjeras se sitúa en un 18,2%, en comparación con el 11,6% de población autóctona. Esto supone, según el estudio, una pérdida de aproximadamente 5.100 millones de euros. Además, a pesar de que la tasa de actividad entre extranjeros es generalmente más alta (71%) que la de los autóctonos (56%), se observan importantes diferencias de participación laboral de las mujeres extranjeras, que tienen un 2,3% menos de probabilidad de empleo (una brecha que representa una pérdida de aproximadamente 1.200 millones de euros anuales).

El informe también analiza otra forma de discriminación laboral: la sobre cualificación. Un 15% de los trabajadores extranjeros con estudios superiores y un número considerable de aquellos con estudios secundarios están empleados para un puesto de trabajo que está por debajo de su formación. Este problema también afecta particularmente a las mujeres extranjeras, quienes enfrentan con más frecuencia la falta de oportunidades acorde a su nivel de formación.

En cuanto a la discriminación salarial, las diferencias en los salarios entre la población extranjera y autóctona alcanzan los 500 euros mensuales.

Discriminación educativa: peores resultados y más acoso escolar

El ámbito educativo también muestra profundas desigualdades que afectan a la población extranjera desde edades tempranas y limitan sus oportunidades futuras, también con un impacto económico considerable que asciende a los 4.800 millones de euros.

Según el estudio, la tasa de escolarización de estudiantes extranjeros es un 17% inferior a la de los autóctonos. Este dato representa a más de 222.000 jóvenes extranjeros que no acceden al sistema educativo en igualdad de condiciones, lo cual tiene implicaciones directas en su desarrollo y en su capacidad de contribuir a la economía española.

Una vez incorporados al sistema educativo, los estudiantes extranjeros enfrentan mayores tasas de repetición, peor rendimiento académico y una mayor exposición al acoso escolar, factores que incrementan el riesgo de abandono y afectan a sus oportunidades futuras.

Además, el estudio pone de relieve que la discriminación educativa se refleja también en el nivel máximo de estudios alcanzado: la población extranjera tiene menos probabilidades de acceder a estudios superiores. Ello supone una pérdida de ingresos a largo plazo que, según el informe, se cuantifica en 4.800 millones de euros al año.

«La discriminación no solo afecta profundamente a quienes la padecen, sino que también priva a nuestro país de un valioso potencial económico y social», ha afirmado Saiz. «Cuando no aprovechamos plenamente el talento y la capacidad de nuestra población extranjera, perdemos oportunidades de crecimiento e innovación que beneficiarían a toda la sociedad española. Por ello, estamos trabajando en esta reforma del Reglamento de Extranjería para que todos, sin importar su origen, tengan la oportunidad de contribuir y prosperar en España».