San José destaca el papel de Gogora para construir una memoria basada en el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos
- La consejera de Justicia y Derechos Humanos ha participado en una mesa redonda dentro del XXII Seminario organizado por la Fundación Fernando Buesa y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha subrayado hoy la importancia del Instituto Gogora de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos como un organismo esencial para el fortalecimiento de una memoria “reflexiva, crítica y en constante transformación” en Euskadi. Según San José, Gogora tiene la labor de proporcionar a la sociedad vasca “las herramientas necesarias” para construir una memoria basada en el respeto a los derechos humanos y en los valores democráticos, tras recalcar la importancia de que Gogora sea “un Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos que “mire al futuro sin sectarismos ni obsesiones”.
En su intervención esta mañana en la XXII Seminario organizado por la Fundación Fernando Buesa y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, que se ha celebrado en Vitoria, San José ha subrayado que Gogora tiene el compromiso de garantizar que cada comunidad pueda construir “su propia memoria”, pero ha advertido que “siempre” deberá estar fundamentada en el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos, así como “la verdad del conocimiento de lo ocurrido”.
Memorias encontradas
La consejera también ha expresado su preocupación por el uso parcial e interesado de la memoria de las víctimas de la violencia y el terrorismo en algunos discursos políticos, advirtiendo que “quienes mayor empeño ponen en subrayar y enfatizar a las víctimas de uno de los periodos, son los mismos que relativizan, esquivan o incluso niegan a las víctimas del otro”. Esto, a su juicio, corre el riesgo de establecer dos memorias “encontradas”, construyendo divisiones políticas y sociales que sacrifican tanto a las víctimas como a la propia ciudadanía.
La consejera ha puesto de manifiesto la contradicción de ciertos posicionamientos, mencionando, por un lado, a quienes se identifican como herederos de los gudaris de la Guerra Civil y el franquismo y defienden el reconocimiento de las víctimas de esta época, mientras que minimizan o evitan reconocer la violencia de ETA. Por otro lado, ha señalado recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la vigencia de ETA, así como el uso político de las imágenes de sus víctimas, mientras en otras comunidades donde gobierna su partido se impulsa la derogación de leyes de memoria democrática que reconocen a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
En este proceso, no solo se sacrifica la dignidad de las víctimas, sino también la cohesión de la ciudadanía, que necesita políticas de memoria públicas inclusivas y justas para integrar y honrar a todas las víctimas sin distinción. Por eso, ha reivindicado el empeño que tiene el departamento que dirige en guiar las políticas públicas de memoria respetando a todas las víctimas y reconociendo el sufrimiento injusto al que ha sido sometidas “como mínimo común denominador”.
“Tanto las víctimas del terrorismo, sea el etnonacionalista o el vinculado a la extrema derecha, como las víctimas de abusos policiales o parapoliciales, todas lo fueron de proyectos o de comportamientos totalitarios y antidemocráticos. Todas son testimonio de la existencia de grupos, más o menos organizados, que vieron en la democracia una amenaza a sus proyectos políticos homogeneizadores, autoritarios y excluyentes. Ningún dolor, ninguna injusticia puede servir de justificación, legitimación o compensación para ningún tipo de violencia o conculcación de los Derechos Humanos”, ha dicho.
Por último, ha subrayado la importancia de conocer el pasado como un proceso “sanador”, con el objetivo de que “nunca más se repita” y para contribuir a que seamos como personas y colectivos “mejores y más justos”. No obstante, ha reconocido que en esa labor nos enfrentamos a dos “problemas”: primero, la existencia de sectores de la sociedad que respaldaron comportamientos antidemocráticos, lo que requiere un esfuerzo por parte de los poderes públicos para integrar a todos en la defensa de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. Segundo, la necesidad de reconocer “los hechos de violencia ilegítima e ilegal que pudieran haber cometido funcionarios públicos”, y garantizar que sus víctimas tengan acceso a “la verdad, la justicia y la reparación”.
Vitoria-Gasteiz, 25 de octubre de 2024
