La Consejería de Presidencia acuerda con los colegios de abogados una subida del 30% para el turno de oficio

La consejera Nieves Lady Barreto explicó que el incremento, que se llevará a cabo en tres anualidades, da respuesta a una reivindicación justa para adecuar los servicios de asistencia jurídica gratuita al coste real

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha firmado hoy con los cuatro colegios de abogados de Canarias un incremento del 30% en el baremo de la Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría. Esta subida se realizará en tres plazos: un 15% en 2025, un 7% en 2026 y un 8% en 2027, «y es el resultado de un camino iniciado por el Gobierno para reconoer la labor tan importante que realizan en el turno de oficio para atender a las personas más vulnerables”, manifestó Nieves Lady Barreto.

En el acto han participado los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas,  Rafael Massieu Curbelo; de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner García-Lliberós; de La Palma, Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, y de Lanzarote  Carlos Viña Romero, y ha contado con la presencia del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León.

“Hoy concluimos un camino que iniciamos el año pasado para ir actualizando y mejorando las condiciones de los abogados de oficio y lo hacemos con la firma de una reivindicación que los colegios de abogados pusieron sobre la mesa desde el primer momento y que todos compartimos”, señaló Barreto. En este sentido, la consejera explicó que el Gobierno de Canarias otorga subvenciones trimestrales a los colegios de abogados, que son los que pagan a los abogados y abogadas de oficio, y que lo hacían con unos baremos que habían sufrido una bajada importante en la crisis del año 2008, y que no se subían desde el año 2012.

La consejera agradeció la predisposición negociadora de los colegios de abogados para llegar a un acuerdo. “Entendemos que es de justicia que se actualicen unos baremos ya que desde hace años no responden al coste real de los servicios y supone una importante pérdida del poder adquisitivo de los profesionales que lo prestan”, señaló Nieves Lady Barreto.

La consejera anunció también que han acordado la impartición de cursos o jornadas destinadas a conseguir una formación transversal de los abogados que participan en el turno de oficio para mejorar la atención que debe prestarse a las personas especialmente vulnerables. “Una formación enfocada sobre todo a víctimas de violencia de género, a menores víctimas de delitos sexuales o a personas mayores o personas con discapacidad intelectual que sufran algún tipo de agresión o delito, o la con la trata de personas para que la asistencia sea de la mayor calidad posible”, dijo.

Este acuerdo se suma a las medidas puestas en marcha por la Consejería de Presidencia en el primer año de legislatura para mejorar las retribuciones del turno de oficio, incluidas medidas específicas para el turno especial de extranjería. En este sentido, Barreto recordó que el año pasado se empezaron a abonar por primera vez los gastos de estancia y los desplazamientos interiores de los abogados y abogadas que se desplazan a otras islas, principalmente a El Hierro, para dar asistencia jurídica gratuita a los migrantes que llegan de manera irregular, ya que, hasta ese momento solo se cubría el coste de los billetes del viaje en avión o barco.

Por otro lado, en septiembre se acordó incrementar el baremo del turno especial de extranjería en una cuantía superior al 30% y proceder a la inclusión de las apelaciones contra sentencias de fondo dictadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo de modo que puedan ser abonadas con plena seguridad jurídica con una modificación de la Orden, que en estos momentos se está tramitando, y que tendrá efecto retroactivo a enero de 2024 en lo referido a las apelaciones.