La consejera de Justicia y Derechos Humanos anuncia nuevas medidas para mejorar la accesibilidad y modernización del sistema judicial

• San José avanza que se van a destinar más recursos para la Justicia Gratuita y se van a propiciar medios alternativos de resolución de conflictos

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha anunciado hoy que los próximos presupuestos de 2025 tendrán como objetivo clave mejorar el acceso ciudadano al servicio público de justicia. Para ello, ha avanzado que se van a destinar más recursos a la justicia gratuita, se van a estudiar las barreras que todavía existen para acceder, y se van a propiciar medios alternativos de resolución de conflictos.

San José ha inaugurado el seminario ‘Ministerio Fiscal, medios tecnológicos y ejercicio de la acción pública’ en el Palacio de Justicia de Bilbao, una cita en la que se ha referido al reto “estratégico” que enfrenta el Departamento que dirige, la obligación de garantizar que la justicia sea accesible para toda la ciudadanía, en su sentido más amplio.

En este marco, ha anunciado dos importantes medidas. En primer lugar, el aumento de los recursos económicos destinados a la Justicia Gratuita, considerada «la primera puerta de accesibilidad a la justicia». Y en segundo lugar, la puesta en marcha de un estudio específico para identificar y reducir las barreras físicas, económicas, tecnológicas y de confianza que dificultan el acceso a la justicia con el fin de llegar a aquellos que aún no acceden a los servicios judiciales.

San José ha señalado también la importancia de promover “medios alternativos de resolución de conflictos” que no sobrecarguen los tribunales ni la Fiscalía. Estas alternativas buscan garantizar un derecho a todas las personas, porque importante “no es quién resuelve el conflicto, sino que sea resuelto”.

Alfabetización digital

La consejera ha resaltado la necesidad de avanzar en la alfabetización digital para el sistema judicial con el objetivo de reducir la brecha que afecta al acceso a los derechos. “Modernizar la justicia no es solo dotar de los mejores recursos tecnológicos para facilitar la tarea a los operadores jurídicos, es también facilitar al conjunto de la ciudadanía los recursos y las destrezas para manejarse en esta tecnología”, ha insistido.

Y se ha referido al fenómeno conocido como «non take-up of rights» —la no percepción o aprovechamiento de derechos por parte de las personas que podrían beneficiarse—, sobre el que ha asegurado que es otra de las grandes preocupaciones a las que se enfrentan las instituciones.

En lo que respecta a ese impulso de la accesibilidad, ha asegurado que se trabaja en una doble vertiente, la dirigida a las personas con necesidades especiales por diferentes discapacidades a través de los aplicativo y sistemas que funcionan en la CAE, y revisando el catálogo de todos ellos para cumplir con los estándares europeos y españoles.

Por otra parte, la consejera ha insistido en la necesidad de desarrollar un plan de alfabetización digital judicial dirigido a personas mayores, que permita su integración plena en el uso de servicios públicos. “Una sociedad decente no puede dejar que el acceso a los servicios públicos quede al margen de quienes son ya una cuarta parte de sus componentes, que en breve será la tercera parte”, ha dicho para asegurar que “cumplir años no puede ser, en ninguno de los ámbitos de la vida, una desventaja”.

Ministerio Fiscal

San José ha recordado que el Plan de Justicia Digital Prevé expresamente la alfabetización de los operadores externos. “Abogacía, procuradores y graduados sociales deben disponer de herramientas que les permitan interactuar con los sistemas judiciales de Euskadi y atender a personas con dificultades especiales”, ha señalado, alo que también afecta al Ministerio Fiscal, cuya función principal es proteger los derechos de la ciudadanía. En los últimos años, ha añadido, “la tecnología ha transformado la labor del Ministerio Fiscal”, haciéndola más eficiente, rápida y precisa, facilitando la cooperación internacional y el uso de pruebas digitales en crímenes tecnológicos. No obstante, estas herramientas también pueden generar una “brecha digital” entre los miembros de la carrera fiscal, afectando su eficiencia y desarrollo profesional.

La consejera ha concluido su intervención reafirmando la importancia de avanzar hacia una interoperabilidad “total” que permita reducir trámites innecesarios y mejorar la modernización de la justicia mediante el uso de tecnologías como la inteligencia artificial.

Bilbao, 21 de octubre de 2024