El tiempo medio de resolución de una licencia se reduce un 31 % respecto a 2019 y las denuncias urbanísticas de los vecinos caen un 18 % este año

La Agencia de Actividades (ADA), dependiente del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha celebrado hoy la reunión de su Consejo Rector, que ha ofrecido un balance de los datos de gestión para la implantación de actividades económicas en la ciudad entre los meses de enero y septiembre de 2024. 

Según ha destacado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, “la Agencia de Actividades continúa consolidando la tendencia de los últimos años a la hora de lograr reducir los tiempos medios de resolución de licencias” y, por otro lado, “el incremento de los trabajos de inspección está provocando que el número de denuncias por cuestiones urbanísticas por parte de la ciudadanía se reduzca de manera notable”. 

En lo que afecta a las licencias de actividad correspondientes a los nueve primeros meses de 2024, entraron en la ADA un total de 1.363, frente a las 1.317 del mismo periodo de 2023, lo que supone un incremento de un 3,7 %. Respecto a las licencias residenciales, también se ha incrementado su registro en la ADA, un 17 %, al pasar de 358 a 420. La resolución de estas licencias en los primeros nueve meses del año se ha incrementado un 23 % respecto al año anterior, al pasar de 293 a 361 en el último ejercicio. Dentro de este apartado, las licencias urbanísticas han aumentado casi un 17 % (han pasado de 315 a 368) y se han resuelto un 28,5 % más en los tres primeros trimestres de 2024. 

El balance de gestión constata que un 61 % de las licencias iniciadas en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024 han sido resueltas en ese mismo plazo. Por su parte, los técnicos de licencias han supervisado el 100 % de las licencias urbanísticas tramitadas con intervención de entidades colaboradoras. 

Otro de los avances que han quedado reflejados durante la reunión del Consejo Rector tiene que ver con el tiempo medio de resolución de los expedientes de licencia. Entre enero y septiembre de 2024, ese plazo quedó fijado en 135 días. Esto supone una reducción del 31 % respecto al año 2019, cuando se tardaba de media en esa misma gestión 196 días. La mejora en este aspecto sobre los datos de 2023 es del 13 %, cuando el tiempo medio de resolución de estos expedientes se situó en 156 días. 

La consolidación de las declaraciones responsables

En los nueve primeros meses de 2024 también aumentó el número de declaraciones responsables urbanísticas presentadas hasta las 7.946, un 5 % más que el año anterior. De las 6.402 declaraciones responsables urbanísticas cuya comprobación final concluyó en este periodo, el 78,4 % (5.021) fueron identificadas como eficaces, lo que implica que están conformes a lo previsto en la normativa. Esa cifra fue del 76 % en 2023, incidiendo en la progresiva consolidación de la figura de la declaración responsable como un instrumento ágil y eficaz en la gestión urbanística. 

La entrada en vigor en junio de 2022 de la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid (OLDRUAM) y la consiguiente unificación del marco jurídico en materia de medios de control urbanístico amplió los procedimientos tramitados por la ADA e incorporó, además, al ámbito residencial un nuevo agente tramitador: las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU). Según el balance presentado en el Consejo Rector, el 59 % de las declaraciones responsables se ha tramitado con intervención de entidades colaboradoras y el 41 % restante, directamente por el Ayuntamiento de Madrid. 

A partir del momento en el que una declaración responsable se presenta, es necesario realizar una comprobación formal (documentación, procedimiento y viabilidad) para identificar las declaraciones responsables eficaces y las ineficaces. Es una prioridad para la ADA dictar las resoluciones de ineficacia en el menor plazo posible, ya que el solicitante puede ejercer la actividad desde su presentación. Tras la comprobación formal, se realiza la inspección de las eficaces con el objetivo de comprobar que la actuación ejecutada y puesta en funcionamiento se ajusta a la normativa urbanística. 

Datos del servicio de inspección

Entre enero y septiembre de 2024, el Servicio de Inspección y Disciplina de la ADA registró 3.824 denuncias frente a las 4.162 del mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución del 8,1 %. De todas ellas, 1.696 proceden de ciudadanos, asociaciones de vecinos y otras entidades particulares y 2.128 fueron presentadas por la Policía Municipal o los servicios dependientes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad u otras dependencias municipales. 

Las denuncias formuladas por las asociaciones de vecinos y particulares se han reducido un 17,9 % con relación al mismo período del ejercicio anterior. Esta caída ha venido motivada por la implementación de varios canales de comunicación y respuesta a de manera telemática, lo que ha permitido que los interesados dispongan de la información actualizada relativa a una actividad o establecimiento. Entre estas denuncias formuladas ante la ADA, el 24 % son relativas a la ejecución de obras y el 76 % derivan de las molestias producidas por el ejercicio de actividades y, de ellas, el 58 % están relacionadas con actividades incluidas en alguna de las campañas de inspección de la ADA en relación con las viviendas de uso turístico, locales de atención preferente, juego y con impacto de logística de distribución. 

El número de inspecciones realizadas por este servicio se ha incrementado notablemente en 2024: un 16,6 %, al pasar de las 1.670 realizadas entre enero y septiembre de 2023 a las 1.948 de esos mismos meses en el presente año. 

Actuación frente a las viviendas de uso turístico ilegales

Respecto a la actuación de la Agencia de Actividades sobre las viviendas de uso turístico (VUT), se han iniciado en estos nueve meses 289 expedientes que afectan a 312 viviendas. El inicio de procedimientos de multas coercitivas (de entre 1.000 y 3.000 euros) se ha traducido en la imposición de un total de 51 y en el restablecimiento de la legalidad en 197 viviendas que han dejado de dedicarse al uso turístico. Este hecho, unido a otras actuaciones previas al inicio de los procedimientos de multas coercitivas, ha permitido que el Ayuntamiento de Madrid haya logrado en estos tres trimestres que 221 viviendas dedicadas ilegalmente al uso turístico hayan vuelto a destinarse al uso residencial. Además, se han impuesto 69 sanciones por importe de 30.001 euros por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico. 

Estos datos demuestran que la actuación frente a las VUT irregulares es global. Se inicia con el cese de las viviendas que no cumplen con la legalidad y continúa con la imposición de multas coercitivas y sanciones, cuya tramitación ha tenido como resultado un elevado porcentaje de restablecimiento de la legalidad, al cesar el uso turístico en las viviendas. /