El Gobierno de España entrega una declaración de Reconocimiento y Reparación a la familia de Puig Antich y declara nulos el tribunal y la sentencia que le condenaron
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto a la familia de Salvador Puig Antich.
«Nuestra democracia tiene entre sus funciones y obligaciones reparar a quienes fueron víctimas de la dictadura. Nuestra democracia no es completa si no se reconoce y repara el daño», ha indicado el ministro.
Salvador Puig Antich fue activista en la lucha antifranquista y víctima de la represión del régimen, con tan solo 25 años. Su condena obtuvo un rechazo unánime de la oposición al régimen totalitario y de la comunidad internacional, pero, pese a ello, fue ejecutado con el método del garrote vil el 2 de marzo de 1974.
El acto de hoy representa un reconocimiento integral de su persona y una condena de la sentencia y el tribunal que lo juzgó, cuya nulidad queda rubricada con esta declaración.
Inmaculada Puig Antich, que se mostró «muy emocionada» en el acto, al que acudió junto a sus hermanas Montserrat, Carme y Merçona, ha afirmado que llevan 50 años luchando «por la dignidad» de su hermano Salvador. El ministro, dirigiéndose a ellas, ha afirmado que la familia «también es víctima, por haberle perdido desde tan joven» y que las sensaciones, al recuperar la dignidad de su hermano quizá son «agridulces», porque, «por un lado, llevan demasiado tiempo esperando, pero, por otro, las cosas se han colocado en su sitio».
Salvador Puig Antich, que se convirtió en un símbolo de la izquierda catalana, es considerado una víctima, en virtud del artículo 3 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que califica de esta manera a toda persona que haya sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el golpe, la dictadura y los primeros tres años de la transición, hasta la Constitución de 1978.
Torres ha reiterado el compromiso del Gobierno de España en «cumplir con la Ley de Memoria Democrática, que nos mandata a observar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, en el marco de los derechos humanos».
Durante el acto, se ha dado lectura a la declaración de Reconocimiento y Reparación, que indica que se entrega el documento por la condición de víctima de Puig Antich, «por haber sido condenado a pena de muerte en la causa 106/73 seguida en el Consejo de Guerra celebrado el 8 de enero de 1974 en Barcelona, y ejecutado por el régimen franquista el 2 de marzo de 1974».
Y continúa diciendo que, bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática, «declara la ilegalidad y la ilegitimidad de los tribunales, jurados o cualesquiera otros órganos penales y administrativos, como los Consejos de Guerra, constituidos para imponer condenas o sanciones de carácter personal, así como la nulidad de las sentencias y resoluciones que dictaron, por ser contrarias a derecho y vulnerar las más elementales exigencias a un juicio justo».
