El Gobierno de Cantabria reafirma su compromiso de apoyo al sector eólico y confía en empezar a generar este tipo de energía esta legislatura
El Ejecutivo cree que la nueva Ley de Simplificación Administrativa contribuirá de manera decidida a reducir los trámites burocráticos para desarrollar parques eólicos en la región
Santander- 30.10.2024
El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha participado hoy en la Asamblea de la Asociación Eólica de Cantabria (AEC) y ha trasladado el compromiso de apoyo del Gobierno de Cantabria al sector eólico, confiando en empezar a generar energía eólica esta legislatura en la Comunidad Autónoma.
Para ello, ha destacado el papel que desempeñará la nueva Ley de Simplificación Administrativa a la hora de reducir los plazos de los trámites burocráticos con el fin de agilizar de manera decidida la puesta en marcha de los proyectos de un sector, el de la energía eólica, que, «después de dos décadas de espera», empieza a funcionar con las obras del parque eólico de El Escudo, en el que la empresa BioCantaber ha movilizado una inversión de 100 millones de euros para proporcionar energía eólica a cerca de 100.000 hogares, al que hay que sumar el parque de Bustatur, de tramitación estatal, que ya cuenta con la autorización del Gobierno de Cantabria, lo que supondrá generar, entre los dos parques, 150 megavatios de energía limpia y sostenible y una inversión total de 160 millones de euros.
El consejero de Industria ha informado de que el Gobierno de Cantabria ya ha desbloqueado la situación administrativa de 5 parques eólicos, que ya cuentan con la autorización administrativa de construcción, una coyuntura «favorable que permitirá que en esta legislatura se pueda generar energía eólica en Cantabria», lo que, en su opinión, supondrá innumerables beneficios, entre los que ha destacado la independencia que este tipo de energía dará a la región en materia energética y por la contribución de este tipo de energía «limpia y más barata» a mejorar la competitividad de las empresas industriales y, en concreto, de las electrointensivas, «que tienen un precio de energía que supone el triple que en Francia y el doble que en Alemania».
Arasti ha destacado la «potente» estrategia de reducción de trámites administrativos y cargas burocráticas que incluye la declaración de proyectos empresariales estratégicos, de tal manera que el Gobierno de Cantabria podrá, tal y como ha explicado, declarar como tales a todos aquellos que tengan una especial relevancia económica, social o territorial.
«Se trata de una normativa para simplificar y agilizar al máximo aquellos proyectos empresariales que por su significativa repercusión económica y social sean declarados como prioritarios o estratégicos por el Gobierno de Cantabria», ha indicado el consejero, quien ha insistido en que se trata de una medida «indispensable» para incentivar la inversión en Cantabria y para desarrollar este tipo de proyectos en un tiempo razonable, «maximizando su rentabilidad y la creación de empleo de calidad».
El consejero ha puesto en valor la labor que desempeña la Asociación Eólica de Cantabria a la hora de promover el desarrollo económico de la región con un nuevo modelo productivo protector de los valores ambientales , al tiempo que les ha pedido su colaboración para hacer partícipe a la sociedad de impulsar la energía eólica por su capacidad para generar industria, servicios y empleo de calidad, así como su capacidad para impulsar el resto del tejido productivo con una energía limpia que tiene importantes beneficios ambientales y contribuye a reducir la dependencia del combustible fósil y la huella de carbono de manera significativa.
Finalmente, el presidente de la Asociación Eólica de Cantabria Agustín Valcarce, ha agradecido el apoyo que está mostrando el Gobierno de Cantabria en esta legislatura con el sector y ha mostrado su satisfacción por ver cómo «se está poniendo fin» desde la Administración regional a «una sequía de más 10 años» sin infraestructuras eólicas en Cantabria con medidas de «gran calado» como la nueva Ley de Simplificación Administrativa y su capacidad para agilizar procesos «tan largos» de burocracia administrativa.
