La tramitación de los planes de autoprotección será más ágil y potenciará la prevención de riesgos y la coordinación entre administraciones
Santander – 03.08.2024
El procedimiento de aprobación de los planes de autoprotección en caso de situaciones de emergencia será más ágil con el nuevo decreto que prepara la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, una norma que también potenciará la prevención de riesgos y la coordinación entre administraciones.
La Comisión de Protección Civil ha dado el visto bueno al borrador de la normativa, que regulará el procedimiento de control administrativo y registro de los planes de autoprotección de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que afectan a multitud de centros y establecimientos como los que acogen espectáculos públicos y recreativos, centros sanitarios y laboratorios, residencias para la tercera edad o de discapacidad y centros escolares, entre otros.
El Gobierno cántabro ha decidido iniciar de nuevo los trámites de este reglamento, que salió a consulta pública en febrero de 2023, con el fin de incorporar cambios sustanciales, tendentes a incorporar lo regulado por el real decreto estatal sobre la Norma Básica de Protección Civil, introducir medidas de simplificación administrativa y potenciar la concienciación y prevención y coordinación entre las administraciones públicas competentes.
En concreto, como principales novedades y en la línea de la norma nacional, se impone la responsabilidad de la aprobación del plan de autoprotección a los titulares de una determinada instalación o actividad, debiéndose comunicar a la administración pública competente a efectos de su registro e integración en los planes de protección civil que sean de aplicación.
Destaca también el incremento de los umbrales del Catálogo de Actividades afectadas, que serán más restrictivos, atendiendo a criterios de aforo y ocupación. De esta forma, será necesaria la elaboración de planes de autoprotección como herramienta garantista de la seguridad y de la autoprotección en determinados establecimientos que puedan generar un riesgo para los ocupantes y resto de usuarios.
Igualmente, con el fin de agilizar y simplificar el trámite del procedimiento administrativo de estos planes, hasta ahora lento y complejo, se sustituye la acción de homologar por la de informar, al igual sucede con la tramitación de todos los planes de protección civil. También, con este mismo objetivo, se realizará de oficio la inscripción de los planes de autoprotección en el registro, una vez informados favorablemente, evitando a los titulares la obligación de realizar un procedimiento posterior de solicitud de inscripción, como venía ocurriendo con la anterior normativa.
Y en aras a asegurar una mayor vigilancia por parte de la administración pública en materia de prevención y planificación, se exige la presentación, junto con el plan de autoprotección, de la licencia o documentos de autorización que haya emitido en su caso el órgano competente.
«Gestión pública eficiente y facilitadora de la actividad económica»
La responsable de la Consejería de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha destacado la importancia de esta norma para facilitar la actividad económica y el empleo y hacer «una gestión pública más rigurosa, eficiente y transparente». «La industria y las empresas necesitan agilidad y que la Administración sea facilitadora de la labor empresarial y no un obstáculo», ha subrayado.
Con igual objetivo, ha resaltado la creación de un grupo de trabajo sectorial en Cantabria de las industrias afectadas por la normativa Seveso de la UE, con el fin de facilitar la aprobación de los planes de emergencia exterior.
Según ha explicado Urrutia, este órgano dará respuesta al incremento de las empresas afectadas por la normativa Seveso y la obligatoriedad legal de redactar los planes de emergencia exterior. «Queremos dar seguridad, ayudar y acompañar a estas empresas, reducir los tiempos, cumpliendo los requisitos, pero con seguridad y con una Administración que acompaña y no frena», ha insistido la consejera de Seguridad tras la reunión de la Comisión de Protección Civil, que ha aprobado la constitución de este órgano.
En este ámbito, la consejera de Seguridad ha informado también de la aprobación del plan de emergencia exterior de la empresa Repsol GNL Bunkering del puerto de Santander.
Mapa de riesgos de Cantabria
Por otro lado, la Consejería de Presidencia y Seguridad ha procedido a cerrar el Mapa de Riesgos de Cantabria con la incorporación de los últimos estudios necesarios sobre las zonas de riesgo de emergencias por accidentes aeronáuticos. Estos estudios se han hecho anteriormente sobre incendios forestales, inundaciones, industria química, entre otros.
Este instrumento, que sirve de ayuda en la gestión de este tipo de situaciones y en las labores de planificación aportando información sobre los lugares donde pueden registrarse los siniestros, será aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno, tras el visto bueno de la Comisión de Protección Civil.
Respecto a los estudios sobre los riesgos aeronáuticos, se ha procedido a analizar las consecuencias de las zonas de incidencia de estos accidentes, a partir de los estudios sobre peligrosidad y de los elementos vulnerables, teniendo en cuenta criterios como la distancia con las zonas de población, a las infraestructuras y a los distintos equipamientos.
En el ámbito también de la planificación de emergencias, la Comisión también ha dado el visto bueno a la incorporación de los planes de emergencia de las presas ubicadas en la región al Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncant).
Se trata de los planes de emergencia de las presas Alsa, Mediajo y Matahoz; del Ebro y de Los Corrales de Buelna, instrumentos en los que el Gobierno cántabro ha colaborado con las empresas en el proceso de implantación y divulgación.
El pleno de la Comisión de Protección Civil tiene como finalidad la coordinación y colaboración interadministrativa en materia de protección civil y está formada por representantes del Gobierno cántabro, miembros de la Administración del Estado y de la Federación de Municipios.
