Urrutia destaca las medidas implantadas en Cantabria para evitar la victimización secundaria y un acceso a la justicia amigable
Santander – 01.07.2024
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha valorado las medidas implantadas por el Gobierno presidido por María José Sáenz de Buruaga para garantizar la protección de los testigos vulnerables y de las víctimas durante las declaraciones en sede judicial y evitar, así, la victimización secundaria y un acceso a la justicia amigable.
En concreto, ha destacado la implantación en Cantabria de forma piloto del modelo Barnahus para habilitar «bajo el mismo techo» un espacio amigable, donde trabaja un equipo multidisciplinario, con el objetivo de evitar traslados a diferentes lugares de las víctimas (juzgados, centros médicos…), así como salas Gesell para crear pruebas preconstituidas y que la víctima no tenga que declarar en varias ocasiones.
Urrutia ha hecho estas consideraciones durante su intervención en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), dedicado a la puesta en común de las medidas necesarias para evitar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes.
En el ámbito de justicia, la consejera ha detallado las medidas puestas en marcha por su departamento que vienen a complementar y reforzar el proyecto Barnahus, como es la habilitación de nuevos espacios en las sedes judiciales para la protección de víctimas especialmente vulnerables y la promoción de la mediación intrajudicial como herramienta de resolución de conflictos bajo amparo judicial, pero sin la celebración de actos de juicio.
Además, ha resaltado la implantación de acciones relacionadas con la «justicia de los cuidados», que incluye un enfoque «más humano» del servicio público de la justicia. Entre estas medidas, ha citado la creación de la figura del facilitador judicial y la adecuación del servicio público de justicia a la intervención de personas menores de edad, creando entornos y salas adaptadas y asegurando el acompañamiento por profesionales adecuados.
Igualmente, ha destacado el impulso de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, como servicio multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, con especial atención de las especialmente vulnerables y la creación, con los Colegios de la Abogacía y la Procura, de un turno de oficio especializado para personas con discapacidad y especial vulnerabilidad.
Y es que, en opinión de la consejera de Justicia, ha habido una importante evolución de la protección de los menores, que ha pasado de una primera concepción meramente asistencial a la mejora de su calidad de vida, la prevención de los riesgos que amenazan la infancia y una mejor protección jurídica y de sus derechos «con relaciones parentales positivas».
A su juicio, ha sido «una evolución lenta, pero eficiente», si bien ha lamentado el desconocimiento que todavía existe de la realidad de los casos de violencia sexual a menores, la consecuente dificultad de orientar los recursos públicos necesarios y otros problemas causados por la multiplicidad de agentes intervinientes, la falta coordinación, la existencia de diferentes protocolos de actuación, así como la desconfianza en la eficacia del sistema judicial por la complejidad de su funcionamiento y excesiva duración de los procedimientos.
Por ello, la consejera de Justicia ha defendido hoy un incremento de la concienciación social frente la violencia sexual contra menores, junto a un sistema que ofrezca una respuesta rápida, ágil, eficaz y «sobre todo coordinada»: «lo contrario puede generar un daño adicional en la persona menor, agravando el daño psicológico y generando una victimización secundaria», ha señalado.
En este sentido, ha insistido en los beneficios de la implantación en Cantabria del modelo Barnahus para la unificación de toda la atención a los menores en un único lugar de cara a garantizar que todos los niños y niñas víctimas de la violencia, incluida la explotación y el abuso sexual infantil, se beneficien de un acceso a la justicia amigable y de unos servicios de protección de la infancia.
«Es preciso coordinar los equipos y servicios intervinientes para asegurar una respuesta coherente del sistema de protección a los menores», ha concluido Urrutia.
En la apertura de este curso, que promueve el Gobierno cántabro, también ha intervenido el vicesecretario general de la UIMP, Álvaro Cancela y la directora del curso y subdirectora de Infancia, Adolescencia y Familia del Ejecutivo, Carmen Arce.
