El nuevo Reglamento garantiza la igualdad de derechos para todas las personas que, por diferentes circunstancias, necesitan una vivienda, gracias a este nuevo instrumento, así como a la reciente reforma del mecanismo de adquisición por carencia sobrevenida y con la incorporación de nuevos supuestos en el servicio municipal de atención frente a desahucios.
La renovación de los criterios de adjudicación continúa dando prioridad al acceso a una vivienda pública a las personas en exclusión residencial y apuesta por un modelo de diversificación en el que se ofrecen recursos residenciales a los distintos colectivos atendiendo a sus casos particulares.
Incorpora mecanismos para dar opciones al acceso a una vivienda pública a las personas inscritas en Etxebide con ingresos entre 15.000 y 39.000 euros, así como el nuevo cupo de derecho subjetivo a la vivienda para personas sin recursos.
